Los cargos que la justicia francesa presentaron contra el cofundador de Telegram, Pável Dúrov, en Francia, generan reacciones en el sector tecnológico, porque podrían afectar a otras plataformas de mensajería instantánea.
Las acusaciones se basan en la infracción de una ley del 2004 que obliga a cualquier empresa que ofrezca herramientas de criptografía a notificarlo a la agencia francesa de ciberseguridad y a conservar una “descripción de las características técnicas de la herramienta criptográfica”, así como el código fuente del ‘software’. Específicamente, los dos cargos se refieren al suministro de servicios criptológicos diseñados para proporcionar funciones de privacidad sin declaración obligatoria, y al suministro e importación de herramientas criptológicas que no proporcionan funciones de autenticación o verificación de integridad sin declaración obligatoria.
De acuerdo con especialistas en la materia, esta ley es inusual y hasta los momentos, la norma no se ha utilizado para acusar a plataformas tecnológicas. “Esto es un suicidio económico y está cambiando rápida y permanentemente la percepción de fundadores e inversores”, escribió el CEO del proveedor tecnológico Protonen, Andy Yen.
Dúrov fue detenido el 24 de agosto tras bajar de su avión privado en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget, a donde llegó desde Azerbaiyán. Sobre él pesaba una orden de búsqueda emitida por las autoridades francesas. Su detención temporal terminó el pasado miércoles, cuando fue imputado y puesto bajo vigilancia judicial con la condición de pagar una fianza de cinco millones de euros y la prohibición de salir de Francia.
T/RT
