El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) activó este jueves 20 de agosto en el estado La Guaira la jurisdicción civil especial, creada para atender los procesos judiciales derivados del doble sismo del pasado 24 de junio, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia de los afectados y agilizar los procedimientos surgidos por la emergencia.
El magistrado Emilio Ramos, presidente de la Sala de Casación Civil, realizó una visita institucional a los tribunales de la entidad, acompañado por el vicepresidente de la Sala, José Luis Gutiérrez; la integrante Jacqueline Sosa; y el juez rector de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira, Carlos Elías Ortiz Flores. Este último informó que la Sala Plena del TSJ dictó la resolución 2026-005, que establece las condiciones para la atención de los procesos judiciales vinculados con los efectos del desastre natural.
Ortiz Flores explicó que, desde los primeros días posteriores al terremoto, la atención judicial se ha mantenido a través de los Centros de Atención Integral del Sistema de Justicia instalados en la Unidad Educativa República de Panamá y en el Liceo Narciso Gonell, en Catia La Mar. Señaló que estos espacios han permitido mantener la atención a los ciudadanos mientras avanzan las evaluaciones y recuperación de las sedes judiciales.
Uno de los asuntos que podría adquirir mayor demanda será la presunción de muerte de las personas desaparecidas tras el colapso de edificaciones. Ortiz Flores explicó que este procedimiento podrá comenzar una vez que se produzca el cierre oficial de las labores de búsqueda en cada edificio afectado. La Sala de Casación Civil trabaja en la optimización del protocolo para estos casos, con la finalidad de hacerlo más célere para los justiciables.
El juez rector también advirtió que, con el tiempo, podrían incrementarse los procesos relacionados con bienes, herencias, propiedad horizontal y obligaciones contractuales afectadas por el desastre, como particiones, conflictos sucesorales y litigios por documentos pendientes de firma o protocolización. En ese contexto, la jurisdicción especial busca ofrecer una respuesta institucional a las nuevas situaciones jurídicas generadas por la emergencia.
Ortiz Flores indicó que, hasta ahora, más de 900 usuarios han sido atendidos y se han tramitado más de 700 procedimientos en los centros de atención. Respecto a las sedes judiciales, señaló que el Circuito Judicial Penal de Macuto fue de las menos afectadas y ha funcionado como centro de acopio, mientras que el edificio de la calle Los Baños de Maiquetía no presenta daños estructurales graves según cuatro inspecciones, y cuenta con etiqueta verde por parte de Comisión Presidencial de Habitabilidad, aunque la presidenta del TSJ ordenó una quinta inspección antes de autorizar el retorno de los funcionarios para garantizar la seguridad.
T/RNV