Tal hecho se desprende del dictamen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto el 3 de noviembre de 2015 por los fiscales 8ª, 39º, 80º nacionales y auxiliares, Mery Gómez, Juan Barradas, Elvis Rodríguez, Armando Saavedra y Héctor Alvarado, respectivamente.
Es oportuno recordar que el 28 de marzo de 1974, el Juzgado Militar de Primera Instancia con sede en Maturín determinó que la joven Barreto nunca fue víctima de maltratos físicos y que en su muerte no intervino ningún agente extraño, motivo por el cual la averiguación debía darse por terminada.
En ese sentido, el extinto Consejo de Guerra Permanente de Maturín ratificó la decisión del citado juzgado de investigar a efectivos del Ejército adscritos al Comando Operacional N° 2 de Potrerito, señalados como presuntos responsables.
Sin embargo, el 14 de marzo de 2016 la Sala Constitucional anuló, mediante la sentencia Nº 162, los fallos de ambas instancias judiciales y ordenó reponer la causa al Ministerio Público.
De esta manera los fiscales del caso podrán establecer de manera científica las causas de la muerte de Barreto Merchán y determinar a los presuntos responsables de este hecho punible.
El caso data del 3 de enero de 1974, cuando funcionarios adscritos al Comando Operacional N° 2 de Potrerito, en el municipio Caicara del estado Monagas, llegaron a la casa de Barreto con el pretexto de llevársela para realizarle un interrogatorio, pues varios testigos la vincularon con presuntos grupos guerrilleros del lugar.
Una vez en el campamento, los efectivos castrenses comenzaron con las diligencias de investigación, sin embargo, la joven se desmayó y murió inmediatamente en el lugar.
Posteriormente, algunas personas que también se encontraban en el recinto en calidad de testigos, afirmaron que la joven falleció debido a las torturas a la que fue sometida por parte de los uniformados.
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