La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que autorizan al Gobierno de Venezuela a transferir fondos para el pago de los abogados defensores del presidente Nicolás Maduro Moros y la primera dama y diputada Cilia Flores de Maduro.
En un escrito conjunto remitido al juez Alvin Hellerstein, la Fiscalía de los Estados Unidos confirmó que la resolución de estas licencias resuelve las disputas logísticas que impedían el financiamiento de la defensa técnica.
Como consecuencia directa, los abogados de Maduro y Flores retiraron sus mociones de desestimación por haber quedado sin objeto.
La autorización emitida por el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, no es discrecional y establece dos condiciones estrictas para el desembolso de los honorarios: una es la restricción temporal que fija únicamente fondos que el Gobierno de Venezuela haya tenido disponibles con posterioridad al 5 de marzo de 2026; y la otra es que los pagos tienen prohibido derivarse de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, bajo los términos de la Orden Ejecutiva 14373, promulgada el 9 de enero de 2026.
Tras el desbloqueo de los pagos, el fiscal Jay Clayton solicitó al tribunal una conferencia de estatus para dentro de 60 días. Durante este periodo, se ha solicitado la suspensión de los términos de la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act).
Este intervalo permitirá a la Fiscalía completar la entrega de pruebas y facultará a la defensa para analizar el expediente antes de decidir la presentación de nuevas mociones previas al juicio.
El Gobierno de EE. UU. argumentó que esta demora es necesaria para garantizar un proceso equitativo y permitir que los abogados procesen la evidencia acumulada en el caso.
T/AVN
