El Ministerio Público, bajo la dirección de un Fiscal Nacional en materia de protección de derechos humanos, ha informado oficialmente los resultados de la investigación penal desarrollada en torno al fallecimiento del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario Rodeo I, según un comunicado del Ministerio Público
Como parte de las diligencias del caso, el pasado 8 de mayo de 2026 se llevó a cabo la exhumación y posterior autopsia del cadáver. Este procedimiento fue ejecutado por el equipo médico forense adscrito a la Dirección de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público.
Las labores contaron con el acompañamiento del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses (SENAMECF), la Defensoría del Pueblo y familiares cercanos de la víctima, quienes estuvieron asistidos por su abogado de confianza, tal como se detalla en el comunicado.
Los estudios científicos determinaron una data de muerte aproximada de entre 10 meses a 1 año. La necropsia de ley, junto con los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, las cuales contaron con el apoyo de establecimientos privados de salud del país, permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar. Asimismo, los análisis médicos confirmaron que no se evidenciaron lesiones traumáticas en el cuerpo.
Para la plena identificación del cadáver, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), a solicitud del Ministerio Público y bajo parámetros internacionales, realizó una experticia genética. Para ello se contrastó una muestra de tejido óseo (fémur) del fallecido con una muestra biológica de sangre de la ciudadana Carmen Teresa Navas. El resultado arrojó una filiación biológica con una probabilidad estadística estimada del 99,496%, confirmando la identidad del fallecido como hijo de la mencionada ciudadana, de acuerdo con la información.
En el marco de esta investigación penal, las autoridades también recabaron múltiples elementos de convicción mediante inspecciones técnicas, fijaciones fotográficas de los lugares relacionados con el hecho, actas de entrevistas, levantamiento planimétrico, reconstrucción versada de los hechos, extracción de contenido de registros fílmicos y la evaluación de la historia clínica.
Todas estas diligencias se desarrollaron en estricto cumplimiento de lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y los principios rectores de la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
Finalmente, el Ministerio Público ratifica su compromiso constitucional y legal de continuar velando por el respeto y la garantía de los derechos humanos en los centros penitenciarios y demás establecimientos de reclusión de todo el territorio nacional.
T/RNV