Este jueves, el sector militar se sumó a la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, una iniciativa que tiene como propósito optimizar los procesos judiciales del país. La jornada contó además con la participación de representantes de la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría Pública, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la Asamblea Nacional (AN).
Durante el inicio de la actividad y dando la bienvenida, el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo González López, señaló que la discusión impulsada en los distintos sectores sociales e institucionales del país debe orientarse a generar cambios que permitan modernizar los procedimientos y fortalecer el funcionamiento institucional. “Lo principal va a estar orientado a toda la reestructuración, la mejora, la transformación del sistema judicial. Vamos a corregir lo que se tiene que corregir porque eso es uno de los actos más elevados de democracia”, expresó.
En su intervención, el fiscal general y secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, Larry Devoe, expuso que la reforma de la justicia penal debe partir de las realidades y necesidades concretas del país, evitando la reproducción de modelos importados que, en el pasado, no respondieron al contexto venezolano.
Devoe destacó que la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal busca precisamente construir propuestas desde la participación de todos los sectores del país. “Por eso es clave este proceso de consulta que estamos llevando a cabo en todo el territorio nacional, con todos los sectores, sin exclusión de ningún tipo, porque como país, como sociedad, tenemos temas que nos dividen. Pero este es un tema de consenso. Todos los sectores de la vida nacional coinciden en que es necesario transformar profundamente el funcionamiento de la justicia”, subrayó.
El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, enfatizó el alcance territorial de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.
Valoró como un hecho innovador que las autoridades hayan promovido espacios de diálogo con personas privadas de libertad, sus familiares y servidores públicos de las distintas instituciones que integran el sistema judicial. “Fíjense qué relevante es escuchar a todos los actores, incluso que el Fiscal General asista a centros penitenciarios y escuche allí. Eso es hasta paradójico, que el acusador entre donde están las personas que están procesadas o que están ya condenadas y entre en diálogo con ellos. Creo que eso es una innovación que tenemos que considerar, y el diagnóstico que va a arrojar esta comisión luego de escuchar es fundamental para dar los pasos”, afirmó.
Arreaza señaló que el proceso de consulta debe contribuir a la construcción de un diagnóstico integral que permita orientar las rectificaciones necesarias dentro del sistema de justicia penal. “Hay que escucharnos porque siempre hay cosas: el diagnóstico y la rectificación. Entendamos también que, si es un nuevo momento político, es un nuevo momento militar también, en el cual tenemos que reflexionar para redirigir rumbo, siempre bajo el rumbo estratégico que marca esta Constitución, pero es necesario escuchar al pueblo en este momento”, recalcó.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, resaltó que la jurisdicción penal militar y el máximo tribunal del país han venido desarrollando un proceso de trabajo articulado orientado a revisar, adecuar y fortalecer su estructura normativa e institucional.
Rodríguez manifestó que este proceso “lo hemos estado ajustando con la ley orgánica respectiva, con todo un trabajo de armonización y de coordinación, como debe ser. Tiene que ser un trabajo de comunicación constante, un trabajo de encuentro permanente. Estamos haciendo un trabajo extraordinario para lograr tener una resolución emanada de nuestra sala plena, respondiendo a las necesidades de la jurisdicción militar y que vaya cónsona con toda la estructura y el andamiaje jurídico vigente”, expuso.
El defensor público general, Daniel Ramírez Herrera, apuntó la necesidad de profundizar las transformaciones para garantizar respuestas oportunas a la ciudadanía y saldar lo que calificó como una deuda histórica con el país.
“Hoy, después de 27 años, vemos la necesidad de quienes soñamos un sistema de justicia justo, oportuno, eficiente, transparente, autónomo e independiente. Y tenemos una gran deuda con el país, tenemos una gran deuda con todos los ciudadanos y las ciudadanas. Cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, soñamos con un proceso acusatorio, oral, público, que termine en un tiempo oportuno, pero la realidad hoy es que tenemos los mismos expedientes, los mismos folios y, en muchos casos, el mismo proceso escrito”, declaró.
Ramírez Herrera aseguró que las máximas autoridades del país mantienen el compromiso de impulsar cambios positivos al sistema de justicia penal venezolano. “La presidenta Delcy Rodríguez, acertadamente, vio que debíamos corregir muchas fallas, debíamos fortalecer todo el sistema de justicia. Tuvo la responsabilidad y nos encomendó esta tarea al crear la Comisión Presidencial, que estamos aquí hoy representados por las máximas autoridades y comprometidos con esta gran transformación de todo el sistema”, atestiguó.
Durante el encuentro estuvieron presentes también el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; el mayor general Rubén Darío Belzares Escobar, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); el general José Daniel Gonzalo Maldonado, presidente de la Corte Marcial y del Circuito Penal Militar; el general Elías Plasencia Mondragón, Fiscal General Militar; oficiales superiores, subalternos y grupos profesionales de la FANB.