La Consulta Nacional sobre Reforma de la Justicia Penal alcanza 71 encuentros en un histórico debate con juristas, Ministerio Público y el TSJ.

Consulta Nacional sobre Reforma de la Justicia Penal recibió propuestas de académicos y abogados litigantes

Con la participación de académicos y abogados litigantes, continúa la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, un despliegue que alcanza ya 71 encuentros y más de 450 mesas de trabajo en todo el territorio nacional.

Durante su intervención, la máxima autoridad del Ministerio Público, Larry Devoe, enfatizó que la transformación del sistema requiere una revisión profunda de las prácticas institucionales cotidianas, más allá de la simple aprobación de nuevas leyes. En este sentido, reafirmó el compromiso del organismo de actuar estrictamente como parte de buena fe, eliminando obstáculos para el ejercicio de la defensa y garantizando el principio de proporcionalidad.

«Por lo menos detenerse a mirar críticamente cómo estamos funcionando, para romper esa desconexión entre la ley, la Constitución y la práctica cotidiana», expresó el titular de la acción penal.

Concursos públicos de oposición y modernización tecnológica en tribunales

Asimismo, destacó los avances en la profesionalización del talento humano mediante concursos públicos y abiertos de oposición, ya ejecutados en Caracas y Miranda, y en curso en Carabobo, Aragua, Cojedes y Guárico, así como la necesidad de modernizar tecnológicamente los procesos para agilizar trámites, denuncias y recusaciones. De igual forma, abogó por evitar la expansión innecesaria del derecho penal hacia conflictos de naturaleza civil, mercantil o de convivencia escolar, e instó a revisar los procedimientos en materia de tránsito terrestre para evitar la revictimización de los ciudadanos.

Reforma de Justicia Penal suma histórico respaldo de juristas y del Poder Judicial

Por su parte, el reconocido jurista y catedrático Alberto Arteaga Sánchez valoró la trascendencia de este proceso de consulta para saldar una deuda histórica con el sistema judicial venezolano y atender con urgencia la realidad de los centros de detención preventiva y el retardo procesal, haciendo hincapié en la modernización tecnológica y la correcta aplicación de las normas vigentes.

«Vayan estas palabras fundamentalmente para formular mis votos realmente serios, y yo creo que interpreto la posición de abogados que veo aquí, por una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela. Es una deuda que tenemos que honrar y, reitero, una deuda imprescriptible», señaló el profesor Arteaga, al tiempo que subrayó la necesidad de incorporar ingenieros de sistemas y especialistas en informática para transformar el funcionamiento de los tribunales.

Al cierre de la actividad, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez Rodríguez, y el Defensor Público General, Daniel Ramírez, exhortaron a la colectividad a sumarse a la Consulta Nacional para consolidar una transformación integral del sistema de justicia penal en el país.

T/Con información de MP