En el Palacio Federal Legislativo de Caracas se instaló este martes la reunión de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional, donde el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó las propuestas prioritarias de trabajo para el período legislativo 2026-2031.
El diputado Rodríguez enfatizó que la labor de la Asamblea estará centrada en acompañar al pueblo venezolano en el momento constructivo que atraviesa la nación, priorizando el impulso de instrumentos legales destinados a profundizar la democracia directa y a fortalecer la participación popular.
Como eje central de la agenda legislativa, el presidente Rodríguez anunció la elaboración y organización de ocho grandes códigos, con el objetivo de simplificar, modernizar y dar mayor claridad y coherencia al marco legal venezolano. Esta reforma integral busca adaptar la legislación a los nuevos tiempos y garantizar una mayor seguridad jurídica para la ciudadanía.
Entre los códigos prioritarios destacan:
Código Penal: Para una revisión amplia de los elementos relacionados con la administración de justicia.
Código Civil: Dirigido a sustituir el vigente, que –según Rodríguez– presenta “múltiples parches” que son aprovechados por “abogados inescrupulosos” en perjuicio de personas y familias. Se plantea uno más claro, coherente y sencillo de comprender e instrumentar.
Código de Comercio: Un nuevo marco regulatorio para la actividad económica.
Código de Democracia Directa y Poder Comunal: Orientado a consolidar un poder popular profundo y auténtico, fortaleciendo los mecanismos de participación y organización comunal.
Código Social: Conjunto de leyes destinadas a la protección integral de todos los grupos de la sociedad, especialmente la familia.
Código Electoral: Para actualizar y robustecer los procesos electorales.
El presidente de la Asamblea Nacional aclaró que los proyectos de ley que presenten desde la Junta Directiva serán una guía y una propuesta inicial. Subrayó que se valorarán y tomarán en cuenta todas las iniciativas que surjan del debate nacional, promoviendo un proceso legislativo abierto y participativo.
Con estas acciones, la Asamblea Nacional inicia un ciclo de trabajo enfocado en la actualización normativa y el fortalecimiento del sistema jurídico venezolano, con miras a garantizar una mayor protección y justicia para todos los ciudadanos.
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