La propuesta de reforma a la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por la Presidencia de la República, responde de manera oportuna a las exigencias del actual escenario político nacional. Así lo informó el diputado ante la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, quien indicó que, a diferencia del contexto de alta conflictividad y hechos de violencia extrema registrados en el año 2017, momento en el que se promulgó el instrumento original, la normativa actual requiere ajustes profundos.
El parlamentario reconoció que en el pasado se presentaron aplicaciones desacertadas de la ley y excesos por parte de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad. En este sentido, detalló que la Comisión Especial encargada de la reforma priorizará la revisión detallada de todo el articulado. El proceso de consulta incluirá a diversos sectores de la sociedad, entre ellos profesionales de la comunicación, víctimas, integrantes del sector castrense y familiares, con el propósito de garantizar un marco legal equilibrado y estrictamente vigilado en su ejecución.
El diputado valoró positivamente los frutos obtenidos tras dos ciclos de conversaciones en el marco del diálogo nacional, destacando la participación de actores de distintas toldas políticas como Primero Justicia y Voluntad Popular. Anunció que la tercera ronda de negociaciones está prevista para dar inicio en el mes de octubre, bajo una agenda calificada como viable y realista.
Asimismo, resaltó como un paso fundamental hacia el reencuentro nacional el proceso de reforma judicial, el cual contempla la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Explicó que la Asamblea Nacional ya instaló la comisión preliminar para recibir postulaciones abiertas a toda la ciudadanía, las cuales serán evaluadas rigurosamente por un consejo de expertos encargado de verificar las credenciales y la honorabilidad de cada aspirante, con el fin de fortalecer la confianza institucional en el Poder Judicial.
Para concluir, el legislador se refirió a la aplicación de la Ley de Amnistía, informando que más de 9.000 ciudadanos han obtenido su libertad, con la salvedad de aquellas excepciones correspondientes a delitos graves de violación a los derechos humanos.
T/AVN