La Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas constituye una reforma sustancial, no solo en su denominación, sino en la profundidad de los principios que establece; así lo afirmó el diputado a la Asamblea Nacional, Rigel Sergent.
Explicó que la normativa busca generar incentivos y mejores condiciones para todo el sector constructor, desde grandes promotores y empresas consolidadas hasta pequeñas compañías o cooperativas que comienzan a desarrollarse. Señaló que la ley impulsa la construcción de viviendas destinadas al mercado primario, ampliando las oportunidades para la población.
Sergent subrayó que el instrumento legal garantiza seguridad jurídica al constructor y, al mismo tiempo, tranquilidad a las familias que adquieren una vivienda.
Aclaró que la reforma no elimina el carácter público de la política habitacional ni abre espacio a prácticas como la estafa inmobiliaria. Por el contrario, establece condiciones claras para facilitar la actividad constructiva y proteger los recursos aportados por los ciudadanos.
En este sentido, recordó que antes se exigía una fianza de fiel cumplimiento equivalente al 100 % de la obra, un requisito que solo podían cubrir grandes empresas. El recién aprobado instrumento legal introduce un fideicomiso inmobiliario administrativo, concepto innovador que permitirá manejar de forma prudente y transparente los recursos provenientes de créditos bancarios o de los aportes de las familias.
Finalmente, señaló que este fideicomiso acompañará toda la ejecución de la obra y contempla medidas específicas en caso de paralización, para garantizar así la protección de los involucrados y la continuidad del proyecto.
T/VTV