El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció este miércoles la culminación de la primera fase de conversaciones con los exdiputados de la AN del periodo 2015-2020, tras cinco días de jornadas de trabajo. El acuerdo incluye la validación de la metodología operativa, la instalación formal de mesas técnicas y el inicio, a partir de agosto, de un cronograma de acciones orientadas a la atención de la emergencia por los sismos, el fortalecimiento democrático y la reforma judicial.
Durante el anuncio, Rodríguez precisó que se aprobó la metodología de funcionamiento de la iniciativa y se habilitaron comisiones específicas para abordar la emergencia derivada del doble terremoto del pasado 24 de junio, así como para el fortalecimiento de los ámbitos democrático, judicial y electoral. Asimismo, se consolidaron las sesiones de trabajo y las plenarias desarrolladas por ambas delegaciones.
En materia social, el titular del Parlamento señaló que, ante la magnitud de la tragedia, se acordó fortalecer los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. Además, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para garantizar el uso eficiente de esos recursos en beneficio de los afectados.
Por su parte, la representante de los exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figueroa, ratificó el compromiso institucional de transformar el sistema judicial mediante reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales, la designación de todos los magistrados del TSJ y la conformación de un consejo de revisión de credenciales, con el fin de dar cumplimiento a la Constitución.
El entendimiento político alcanzado consolida una agenda de trabajo continuo que se desarrollará durante todo el mes de agosto, con anuncios oficiales y acciones concretas orientadas a garantizar la estabilidad democrática, la atención integral de los afectados y el seguimiento estricto de los compromisos adquiridos.
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