Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este miércoles que la administración del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al terminar las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos y haitianos residentes en el país.
El panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito ratificó un fallo previo de un tribunal inferior y determinó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al poner fin al programa para personas procedentes de Venezuela y Haití.
En su decisión, los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone argumentaron que las acciones de la secretaria “contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso”. “Su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”, señalaron.
El TPS es un programa humanitario creado por el Congreso que permite a nacionales de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer legalmente en EE.UU., obtener permisos de trabajo y evitar la deportación temporal.
El tribunal sostuvo que el intento de terminar el TPS no se basó en un análisis legal adecuado ni siguió el proceso requerido, generando “consecuencias reales y significativas” para miles de familias. Los magistrados destacaron que la terminación anticipada ha sumido a muchos beneficiarios en un estado constante de temor a la deportación, detención y separación familiar, a pesar de su integración y roles productivos en la sociedad.
Sin embargo, el fallo no tendrá efectos prácticos inmediatos. En octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la decisión de cancelar el programa entrara en vigor mientras se resuelve el caso en última instancia, por lo que el TPS para estos grupos permanece terminado por ahora.
El panel también confirmó que la terminación del TPS para haitianos fue igualmente fuera de la autoridad estatutaria..
Se espera que el caso continúe su trámite ante instancias superiores, posiblemente llegando nuevamente a la Corte Suprema, donde una decisión final definiría el futuro legal de cientos de miles de residentes afectados.
T/RNV