Marcos Hernández Bautista quedó tendido sobre una carretera de Oaxaca tras ser ejecutado de varios balazos; el cuerpo sin vida de Anabel Flores, madre de dos bebés, fue lanzado en una vía de Veracruz; a Moisés Lutzow lo encontraron muerto en su domicilio en Tabasco; a Francisco Pacheco lo acribillaron frente a su casa en Guerrero… Ellos forman parte de los 11 periodistas asesinados en México durante 2016, de acuerdo con la organización internacional Artículo 19.
México, dice el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), “es uno de esos países que, estando teóricamente ‘en paz’, figuran entre los más mortíferos para los periodistas”. La organización internacional recuerda que en América Latina, México continúa siendo el “más letal” para el gremio. El organismo contabiliza nueve asesinatos de periodistas en 2016. Con ello, sitúa al país como el tercero más mortífero a nivel mundial, sólo por debajo de Siria (con 19 homicidios) y Afganistán (con 10), ambos con conflictos armados.
Artículo 19 expone que éste no sólo es el año más violento contra la prensa en México en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto –que suma en total 27 homicidios de periodistas–, además se convirtió en el más letal desde el 2000. La directora para México y Centroamerica de la organización, Ana Ruelas, dijo en entrevista con SinEmbargo, que la cifra acumulada en 2016 rebasó incluso la registrada en 2011, el año más violento del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se contabilizaron 10 asesinatos de periodistas.
Para Ruelas, con Peña Nieto las agresiones en contra de la prensa “no solamente continúan, sino que se incrementan; [y] cada vez van aparejadas de otras formas de limitar la libertad de expresión”. Explicó que en el actual sexenio se ha visto un retroceso significativo en el Estado Democrático con la implementación de leyes que restringen e incluso criminalizan la libertad de prensa.
“Lo que vemos es que las agresiones contra la prensa no son una situación aislada respecto a la política de Estado para restringir los flujos de información. Es decir, son las agresiones contra la prensa, pero además estamos encontrando leyes restrictivas, leyes que buscan limitar el conocimiento público de casos de corrupción, de casos de violaciones a derechos humanos”, agregó Ruelas.
El Balance de Periodistas Asesinados en el Mundo de RSF detalla que las tres cuartas partes de los periodistas víctimas de homicidio en 2016 a nivel mundial –un total de 74– “fueron asesinados deliberadamente a causa de su profesión”. “Es el caso de Afganistán, donde fueron asesinados 10 periodistas, y de México, donde fueron asesinados nueve”, detalla el documento.
En los últimos 16 años, en México han sido asesinados un total de 100 comunicadores, según el registro de Artículo 19. De ellos, 93 eran hombres y siete mujeres. En este periodo, la cifra más mortal se ha registrado en el estado de Veracruz, donde de 2000 a la fecha han muerto 21 periodistas. Sin embargo, durante 2016, Oaxaca fue la entidad más violenta para el gremio, con un total de cuatro homicidios, por arriba de Veracruz que contabilizó tres.
Ana Ruelas consideró que la mayor deuda que tiene el Gobierno federal con el gremio es “la impunidad”.
“Si bien es cierto que a nivel nacional el nivel de impunidad es alrededor del 98 por ciento, en el caso de los crímenes contra los periodistas se acentúa y se vuelve de un 99.75 por ciento. Es decir, sólo .25 por ciento de los casos de agresiones contra periodistas son sancionados. Esto es totalmente grave”, criticó.
El 20 de julio pasado, Pedro Tamayo fue acribillado, frente a su esposa y sus dos hijos, en su negocio familiar, en Tierra Blanca, Veracruz. Tamayo murió tendido en la calle, a la espera de ayuda, que según sus familiares, fue retrasada por los mismos policías que dejaron huir a sus agresores. Él tenía 43 años y había trabajado para medios como Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca. Pedro tuvo que escapar de su tierra natal a principios de este año, junto a su familia, por amenazas que había recibido de policías veracruzanos.
Su homicidio no sólo no ha sido esclarecido, además las agresiones hacia su esposa e hijos no han cesado. A inicios de noviembre la casa familiar fue incendiada, y apenas el pasado 7 de diciembre, el hijo del periodista, José Adrián Tamayo, fue golpeado y arrestado por policías ministeriales sin una orden judicial.
Para RSF, el homicidio de Tamayo es un “un triste ejemplo de impunidad” en México.
Aquí, de acuerdo con la Organización No Gubernamental (ONG), “los cárteles, especialmente Los Zetas, hacen reinar el terror en los estados del noreste y del Golfo de México. Para impedir que interfieran en sus asuntos, siguen multiplicando los secuestros y los actos de barbarie. Las autoridades policiales y judiciales, en extremo corruptas, cierran los ojos mientras los cárteles atacan a los periodistas”. Y alerta que precisamente “aquellos elementos de la policía son los principales agresores de periodistas”.
PRINCIPAL AGRESOR: EL ESTADO
Salvador Olmos García murió atropellado por una patrulla de la policía municipal de Huajuapan, Oaxaca, luego de quitarse las esposas e intentar huir de su detención, dijeron las autoridades. Un testigo afirma que los patrulleros que arrollaron a Salvador, incluso se dieron tiempo para rematarlo. Elidio Ramos Zárate murió de un disparo en la cabeza cuando cubría los enfrentamientos de maestros y pobladores de Nochixtlán contra la Policía Federal el pasado 19 de junio. A él le dispararon a quemarropa sujetos desconocidos. El reportero había recibido amenazas horas antes por publicar imágenes de saqueos a tiendas y centros comerciales.
Ambos comunicadores forman parte de los cuatro periodistas asesinados este año en Oaxaca.
Artículo 19 señala que en México los principales agresores contra la prensa son los agentes del Estado. Ana Ruelas, directora regional de la organización, detalló que se trata del 49.7 por ciento de las agresiones contra el gremio.
“Es cierto que hay un contexto de violencia generalizada, el Gobierno ha intentando señalar que las agresiones contra la prensa son como un daño colateral pero no es así. Si fuera así no estaría tan localizada [la violencia] hacia este grupo vulnerable”, destacó.
Ruelas detalló que en México, el Gobierno limita la libertad de expresión a través de diversas legislaciones, como las de halconeo, de movilidad –que también restringen el derecho a la protesta–, las leyes anti memes, y en algunos estados los delitos contra el honor aún son usados para criminalizar la labor periodística.
“Hemos visto un incremento tremendo de la violencia institucional, a través de las demandas de daño moral de funcionarios públicos hacia periodistas. […] México es uno de los países que más gastan en en software de vigilancia, y eso también es una forma de limitar la libertad de expresión […]”, alertó.
La directora regional de Artículo 19 dijo que en el país “la publicidad oficial es un mecanismo de censura sutil e indirecto”.
“La publicidad oficial, a pesar de ser una de las promesas de Peña [su regulación], ya nunca más la volvió a mencionar. Es el que históricamente más ha gastado [en este rubro]”, recordó.
LA FEADLE Y SU PAPEL NULO
En el “Tercer informe trimestral: de lo digital a lo tangible”, que Artículo 19 dio a conocer en noviembre, se exhibió que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) abrió solamente 21 averiguaciones previas durante los 9 primeros meses del año, de un total de 306 agresiones registradas.
Ana Ruelas consideró que pese a que existe la Feadle y el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estos no se han traducido en un reducción de las agresiones contra el gremio:
“Si bien es cierto que existen más instituciones encargadas de garantizar la libertad de expresión y de investigar los delitos cometidos en contra de los periodistas, lo cierto es que más institucionalidad no ha significado menores agresiones”.
Hasta septiembre de este año, según los datos más actualizados de la organización, en México se registraron 306 agresiones contra la prensa: 58 amenazas, 54 ataques físicos o materiales, 50 intimidaciones, 44 privaciones de la libertad, 34 acosos y hostigamientos, y hasta ese momento, se contabilizaban 10 asesinatos.
Ruelas consideró que si el Mecanismo de Protección no comienza a cuestionarse el tema de la impunidad en estos ataques para así garantizar protección, “entonces no va a servir”.
“Por otro lado, mientras la Feadle no cumpla con su trabajo, atraiga los casos, investigue diligentemente, investigue sobre los motivos que podían haber generado los hechos, entonces va a ser muy complicado disminuir las agresiones contra la prensa”, alertó.
Criticó que en este contexto de violencia creciente contra la prensa, la Feadle ha tenido un papel “nulo”. “La Feadle tiene un nivel de impunidad alto, solamente ha generado dos sentencias condenatorias desde 2006. Entonces es un poquito preocupante. No es solamente ineficiente, es totalmente nula. No hay resultados, no se pueden ver resultados”, reiteró.
…Y VERACRUZ
Manuel Torres González era corresponsal de Radiover.com en Poza Rica, Veracruz; tenía una trayectoria de 20 años como periodista durante los cuales trabajó para medios como Tv Azteca y Noreste; reportaba desde las protestas de los trabajadores de Pemex hasta la fuente policíaca. El 14 de mayo fue asesinado de un disparo en la cabeza en la ciudad que cubría. Así, Manuel se convirtió en el segundo periodista veracruzano asesinado en el año. La entidad considerada como la más peligrosa en México para el periodismo cierra 2016 con un total de tres asesinatos de comunicadores ( que incluyen el de Anabel Flores, en febrero; y el de Pedro Tamayo en julio).
Pedro Tamayo, asesinado en julio, fue el último periodista que se sumó a la sangrienta lista que dejó el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo. Artículo 19 ha documentado el asesinato de al menos 17 periodistas del 2011 a la fecha en Veracruz, homicidios con posible relación a su labor periodística.
Además, durante la administración de Javier Duarte al menos cinco periodistas desaparecieron y hasta el momento nada se sabe de ellos: Gabriel Fonseca, de El Mañanero, desaparecido en septiembre de 2011; Miguel Morales, del Diario de Poza Rica, en julio de 2012; y Sergio Landa, del Diario Cardel, en enero de 2013; y dos más este año: Nancy Nayeli Hurtado, el 14 de junio, y Rubén Rodrigo Hurtado el 16 del mismo mes.
Artículo 19 documento en su informe trimestral: Veracruz es “el estado más letal para ejercer el periodismo en este país, a pesar de la implementación de un sistema de Alerta Temprana promovida por el Mecanismo de Protección para personas defensoras y periodistas en noviembre de 2015. El sistema de Alerta no ha tenido el impacto esperado debido a que desde su lanzamiento han sido asesinados tres periodistas en la entidad”.
Adrián Rodríguez Samaniego se convirtió en el periodista número once asesinado este 2016, y el 27 en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Adrián, reportero de Antena 760 AM en la ciudad de Chihuahua, fue asesinado a tiros cuando se dirigía a su trabajo el pasado 10 de diciembre. El periodista cubría actualmente la fuente del Gobierno del estado, y anteriormente, temas policíacos en El Heraldo de Chihuahua.
Una semana después de su homicidio, el pasado 21 de diciembre, el Fiscal de la Zona Centro de esa entidad, Carlos Mario Jiménez, señaló que aún no se definían las líneas de investigaciones para dar con el paradero del o los agresores.
Como con Adrián Rodríguez, para casi todos los otros diez periodistas asesinados este año, lo que reina en sus casos es “la impunidad”, según Ana Ruelas, el “gran pendiente del Gobierno federal”.
“Mientras los crímenes contra periodistas sigan en la impunidad, no van a acabar las agresiones. Y mientras no se regule la publicidad oficial no vamos a tener flujos efectivos de información”, finalizó Ruelas.
T/Nodal
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