La decisión fue tomada tras una acción colectiva en contra del Tarifazo, que niega a los argentinos de un derecho básico.
La jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, aprobó los recursos de amparo presentados por dos organizaciones no gubernamentales, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (CEPIS) y la asociación Consumidores Argentinos, que demandaban cancelar el aumento de las tarifas de electricidad.
Forns ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) «que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario» de las resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía y 1 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que quedaron suspendidas.
Destacó que el ENRE tiene la obligación de “comunicar a todos los agentes distribuidores y prestadores del servicio público del servicio de distribución de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la medida dispuesta».
Asimismo, el ENRE y el Ministerio de Energía deberán presentar en tres días “un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”. También tendrán que indicar “sobre la existencia o no de alguna situación de excepción respecto a la situación en que se encuentran los clubes de Barrio y Pueblo, cooperativas y entidades de bien público”, explicó la jueza federal.
Forns advirtió que las empresas «deberán abstenerse de realizar cortes de suministro por falta de pago, con fundamento en la normativa suspendida”.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, desde su llegada a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre ha sacudido la economía del pueblo pueblo argentino, con un paquete de medidas neoliberales, que van desde el incremento de la gasolina, el gas, el servicio eléctrico y hasta el transporte público en apenas cuatro meses de Gobierno.
T/ TeleSUR
