Reinaldo Muñoz, procurador General de la República, manifestó que con el nombramiento de estos ciudadanos como parlamentarios, la Asamblea Nacional «ha generado una situación inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos del Poder Público, hasta tanto (la Asamblea) retorne a la constitucionalidad».
«La Procuraduría General de la República manifiesta que, habida cuenta de este indecoroso acto de la Asamblea Nacional, de desacato y alteración fraudulenta de la conformación de un órgano colegiado, es forzoso precaver la nulidad de los actos emanados de su seno como resultado de la ilegalidad en la constitución del Parlamento Venezolano, afectando incluso la validez de sus convocatorias y quórum», expresó.
«Esta acción del Legislativo Nacional no tiene ningún efecto jurídico y constituye un Desacato a las decisiones dictadas por el Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Ello transgrede el orden legal y constitucional, amenaza el proceso democrático y el normal desenvolvimiento de las instituciones del Poder Público en Venezuela», reza el pronunciamiento.
El texto que dio a conocer el procurador asevera además que «la AN se encuentra ilegal y anticonstitucionalmente constituida».
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