La República Bolivariana de Venezuela denunció el secuestro en aguas internacionales de un buque privado que transportaba crudo nacional por parte de efectivos militares de los Estados Unidos. La vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó también sobre la desaparición forzada de su tripulación.
A través de sus redes sociales y mediante un comunicado oficial, Rodríguez calificó este acto como un delito contemplado en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. La acción se enmarca dentro del artículo 3 de este instrumento jurídico internacional.
El documento emitido por el gobierno venezolano señala además que este proceder constituye una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. También infringe la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y la Declaración relativa a los principios de derecho internacional sobre relaciones de amistad entre Estados.
En su comunicado, el gobierno venezolano rechaza lo que denomina «el modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas». Afirma que estas acciones «fracasarán y serán derrotadas por el pueblo venezolano».
La declaración oficial reafirma que Venezuela «seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores». El país mantendrá el «desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana», según expresa el documento.
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