La administración de Donald Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 250 mil venezolanos en Estados Unidos. Esta decisión, anunciada por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, deja a estos migrantes en riesgo de deportación a partir del 10 de septiembre, cuando expire oficialmente el amparo.
Según las autoridades, la medida se basa en que las condiciones en Venezuela «ya no cumplen con los requisitos legales» para mantener la protección. Argumentaron que extender el TPS antagoniza con los intereses nacionales y socava los esfuerzos para gestionar la migración irregular y asegurar la frontera sur.
El anuncio se produce tras un fallo judicial crucial. Un tribunal de apelaciones ratificó recientemente que terminar el TPS para venezolanos es ilegal. La disputa legal busca proteger a dos grupos: los 250 mil beneficiarios de 2021 y los 350 mil de la extensión de 2023, afectados por una cancelación previa.
Un panel de tres jueces respaldó de forma unánime al juez Edward Chen, quien examina una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes. La demanda desafía la cancelación ordenada por el DHS en febrero, que ya había afectado a 350 mil personas.
Organizaciones como la ACLU destacan que la pérdida del TPS expone a los venezolanos a graves daños, como la pérdida de empleos, la separación familiar, la detención y la deportación. El estatus no solo ofrece protección contra la expulsión, sino también un permiso de trabajo legal.
La atención se centra ahora en el juez Chen, quien emitirá una resolución en los próximos días. Su fallo podría congelar la decisión de la administración Trump, extendiendo temporalmente la protección para los cientos de miles de venezolanos cuya estabilidad en EE.UU. pende de un hilo.
T/RNV