Progresan demandas judiciales contra Alligator Alcatraz

Jueces federales han solicitado al gobierno de EE.UU. y al estado de Florida que proporcionen información sobre el funcionamiento del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami, mientras avanzan dos demandas en su contra: una presentada por defensores de migrantes y otra por organizaciones ambientalistas.

La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, ordenó a las autoridades revelar los convenios entre el gobierno estatal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para operar el centro, que desde el 3 de julio alberga a migrantes. Además, pidió el último estudio de impacto ambiental del lugar, situado en un aeropuerto abandonado dentro de los Everglades, un área protegida. Esta situación impulsó la demanda de Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.

Por otro lado, el juez Rodolfo A. Ruiz II, también del Distrito Sur de Florida, permitió a los demandantes —entre ellos la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y migrantes detenidos— solicitar la divulgación de los acuerdos entre agencias para gestionar el centro.

Tanto ambientalistas como defensores de migrantes argumentan que las autoridades no definen quién es el principal responsable de Alligator Alcatraz, lo que permitiría al gobierno federal y al de Florida eludir sus obligaciones ambientales y en el trato a los detenidos, alegando falta de jurisdicción.

La ACLU, junto con Americans for Immigrant Justice, denunció en su demanda que cientos de personas están incomunicadas, sin acceso a representación legal y bajo una autoridad no esclarecida.

Las organizaciones exigen el cierre definitivo del centro, que actualmente tiene capacidad para 2,000 personas y podría ampliarse a 4,000. Activistas y familiares de detenidos protestaron recientemente frente al lugar, al que califican de “campo de concentración” y “jaula para perros”. Según registros, desde su apertura se han documentado 1,000 detenciones y seis hospitalizaciones.

T/RNV