La administración de Donald Trump ha acelerado su política antimigratoria al enviar cartas a menores de edad que ingresaron legalmente a EE. UU., exigiendo su salida inmediata del país. Entre ellos está Xally Morales, una joven mexicana de 13 años que reside en Chicago, Illinois. La notificación advierte que, de no obedecer, las autoridades migratorias actuarán para deportarlos, incluso bajo amenaza de multas o procesos penales.
El comunicado, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señala que estos migrantes permanecen en el país bajo un permiso condicional, el cual ha sido cancelado. «Si no abandonas Estados Unidos inmediatamente, quedas sujeto a acciones legales», reza el mensaje. Esto ha generado temor en familias migrantes, que ahora buscan refugio en iglesias y otros espacios para evitar redadas del ICE.
Xally Morales llegó hace siete meses y es una de al menos 12 jóvenes en Waukegan que recibieron la orden de deportación. Desde entonces, ella y su madre se resguardan en una iglesia local. Su caso refleja una tendencia creciente bajo el gobierno de Trump: la persecución de menores migrantes, incluso aquellos que llegaron bajo condiciones legales.
El abogado de inmigración John Antia criticó la medida, afirmando que «nadie bajo esta administración está a salvo». «Están dispuestos a deportar a un niño con tal de cumplir una cuota», denunció. Las leyes estadounidenses establecen protecciones especiales para menores no acompañados, pero estas garantías parecen ignorarse bajo la actual política migratoria.
En marzo, el gobierno suspendió fondos federales para la representación legal de niños migrantes. Aunque una demanda logró restablecer temporalmente el apoyo, el caso sigue en disputa. En abril, más de 8.300 menores de 11 años recibieron órdenes de deportación, y en enero, jueces ordenaron la expulsión de más de 53.000 niños, incluidos miles de menores de cuatro años.
Esta escalada en las deportaciones de menores evidencia un giro drástico en la política migratoria de EE. UU., donde incluso los más vulnerables enfrentan medidas extremas. Organizaciones proinmigrantes continúan luchando por sus derechos, pero la incertidumbre persiste para miles de familias que ahora viven bajo la sombra de la deportación.
T/RNV