La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció ante la comunidad internacional, que el Gobierno de los Países Bajos, impidió el traslado de la delegación venezolana, que asistiría a La Haya a cumplir con un compromiso establecido con la Corte Penal Internacional.
“En razón del Memorando de Entendimiento, firmado el 3 de noviembre de 2021 entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se concertó una reunión de trabajo para el 14 de diciembre de 2021. Sin embargo, el Gobierno de los Países Bajos, obstaculizó el traslado de la delegación, que viajaría a cumplir la misión especial”, explicó la vicepresidenta Rodríguez.
La alta autoridad del Gobierno Bolivariano, detalló que el Gobierno de los Países Bajos, exigió condiciones de imposible cumplimiento, que violentan todo el ordenamiento jurídico internacional; mostró evidencias que prueban que la delegación venezolana, se trasladaría en un avión de Conviasa en un vuelo oficial de carácter diplomático, que además cuenta con el permiso de operadores de terceros países.
Delcy Rodríguez, especialista en derecho internacional, explicó que el Gobierno de los Países Bajos, violentó el Acuerdo Relativo a la Sede entre la CPI y el Estado Anfitrión, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena y el Tratado de Inmunidades y Privilegios, al colocar condiciones insólitas a la República Bolivariana de Venezuela.
Ante esta situación, Venezuela informará al Secretario General de la ONU y a la Presidenta de la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma, y ofreció opciones para que el fiscal Khan, pudiese realizar la reunión de trabajo prevista con la delegación venezolana, en otro país de fácil traslado para él.
“Venezuela se mantiene en la vía del respeto a la normativa internacional, y por eso elevó esta enérgica protesta, por el terrible incumplimiento de los acuerdos internacionales; Venezuela es un país con tradición de apego estricto a la normativa nacional e internacional, y en este caso, debe permitirse a la República Bolivariana, Estado parte del Estatuto de Roma, cumplir con sus actuaciones, como contempla el Acuerdo Sede firmado por la CPI y los Países Bajos”, concluyó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
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