La campaña Las sanciones son un crimen – que arrancó este viernes – debe llevarse a todas las comunidades del país, con el fin de dar a conocer los efectos de las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro.
«Las sanciones son violencia, son un desprecio supremacista contra el pueblo de Venezuela (…) Las sanciones son repudiadas por todo el pueblo de Venezuela. Las sanciones son un crimen», expresó el jefe de Estado venezolano durante una reunión con los gobernadores y el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado instó a los gobernadores a llevar a todas las comunidades del país los efectos negativos de las medidas coercitivas, tras la renovación – este jueves – de la orden Ejecutiva que declara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad de la nación norteamericana.
«Con nuestra voz llevemos a nuestro pueblo información, consciencia, de las verdaderas consecuencias y efectos criminales de las sanciones contra nuestro país (…) Eventos de redes sociales, evento político, jefes de calle, comunidad, jefes del Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela), de los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), de los colectivos. Vamos a abrazar esta campaña mundial de aquí hasta que derrotemos las sanciones», recalcó el mandatario venezolano.
Más temprano, la vicepresidente Ejecutiva de la República Boliviariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó arrancaba la campaña comunicacional en rechazo a la renovación de la orden Ejecutiva de Estados Unidos (EEUU) que declara a la nación como una «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad del país norteamericano.
«Esta no es una campaña partidista. Es una campaña de Venezuela. Toda Venezuela unida debe movilizarse y que esa voz llegue a todas las instancias internacionales para que se determine quiénes son los criminales», expresó durante la actividad que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
El decreto, firmado en 2015 por el expresidente estadounidense Barack Obama, permitió que el gobierno estadounidense aplicar medidas coercitivas a Venezuela, que le han causado a la nación un perjuicio financiero de 116 mil millones de dólares, y que impide adquirir medicinas, alimentos, semillas para la agricultura, tecnología para telecomunicaciones; e interviene en las importaciones públicas y privadas.
T/AVN
