En los últimos cinco años más de 70 líderes de comunidades indígenas han sido asesinados en todo el Perú, así lo informó la especialista en gestión institucional de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Aída Gamboa Balbín.
En este marco, no descartó que existan más casos, debido a que, según reveló, muchos de los crímenes de este tipo no son denunciados. “Esta cifra solo demuestra el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas en nuestro país, principalmente en la Amazonía”, expresó.
Son acorralados
Señaló que a través de los años actividades como la minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico registraron un incremento en la selva peruana, provocando que el conflicto entre los pobladores y las personas que ejecutan esas actividades ilícitas aumente. El problema es aún mayor por la escasa presencia del Estado a fin de que recoja las denuncias.
Por ello, consideró importante que el Congreso de la República ratifique el Principio 10; norma que permitirá establecer políticas públicas para la protección de estas zonas, así como de su población. Entre ellas figura la creación de juzgados especializados ubicados de forma estratégica para acoger las denuncias de los grupos étnicos.
La ausencia del Estado
La adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, manifestó que existe una precariedad del Estado para garantizar la protección de los líderes indígenas. Al respecto, coincidió en la necesidad de crear autoridades especializadas, ya que los casos no reciben un tratamiento adecuado.
En el Perú existen 55 pueblos indígenas con una población aproximada de 4 millones de personas. De esta cantidad, un total de 51 pueblos pertenecen a la Amazonía y 4 a la zona andina del país. “Casi la mayoría de comunidades indígenas son de la selva y se encuentran vulnerables ante las mafias que operan en estas zonas”, alertó la funcionaria.
Registro sigue pendiente
Otra medida que plantearon es que el Poder Judicial cree e implemente un registro nacional de defensores, con información de las comunidades afectadas y sus principales representantes. “Con un sistema así el Estado podría elaborar mecanismos de protección e incluso ayudaría a identificar a los responsables de estos crímenes”, expresó.
A su turno, la secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ana María Vidal, indicó que el Estado, al margen de los convenios internacionales, tiene la obligación de aplicar leyes y políticas públicas que garanticen la protección de las comunidades. Lamentó que hasta el momento no exista un compromiso real para hacerlo de parte de las autoridades.
Comentó que en el año 2016 el Ministerio de Justicia firmó una resolución viceministerial donde se comprometía a desarrollar un protocolo para la protección de defensores de los derechos humanos. En el referido documento señalaban un plazo de 60 días para su publicación, pero nunca lo presentaron.
Fuente: Exitosa noticias
