La denuncia fue hecha por la periodista Isbemar Jiménez, presidenta de RNV, durante el programa AN Radio y RNV Informativa, quien señaló que este periódico recoge, en una editorial aparentemente inofensiva, la política de patio trasero del gobierno de Estados Unidos.
En el escrito se acusa al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro de haber comprado el apoyo internacional con el que cuenta la Revolución Bolivariana, por la vía de la política exterior, al tiempo de responsabilizarlo de ser el responsable de un posible “colapso calamitoso” del país.
El Washington Post desconoce intencionalmente la guerra económica emprendida contra el pueblo venezolano y los estragos ocasionados por el fenómeno El Niño en el país, y en contraposición atribuye los cortes de agua y electricidad, así como la inflación inducida a la gestión de gobierno.
Los señalamientos, además, apuntan al Tribunal Supremo de Justicia, poder cuyos integrantes son ilegítimos a juicio del diario estadounidense, que además se dio a la tarea de fustigar la sentencia emitida días atrás en la que se declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional.
Lea aquí el editorial del Washington Post:
La vision del Post:
Venezuela está bajo una urgente necesidad de una intervención política
Una victoria opositora en las elecciones legislativas de Diciembre dio a Venezuela una frágil oportunidad para detener lo que ha sido una espiral acelerada hacia una crisis económica y política. Si se hubiese elegido acordar y negociar con los líderes de la oposición, el gobierno profundamente impopular de Nicolás Maduro podría haber sido capaz de aliviar las crecientes tensiones políticas y construir un consenso en torno a las desesperadamente necesitadas medidas de estabilización económica. El gobierno de Obama y la mayoría de los gobiernos de América Latina instaron a seguir por este camino, con la notable excepción de su aliado más cercano, Cuba.
Por desgracia, el régimen ha emprendido una guerra arrasan contra la Asamblea Nacional, incluso mientras las dificultades que sufren los venezolanos se acrecientan. Después de haber sido llenada de forma ilegal con partidarios del gobierno antes de que la legislatura asumiera el cargo, el Tribunal Supremo ha procedido a despojar a la mayoría opositora de sus facultades constitucionales y rechaza toda medida que (esta) haya aprobado. La última, este Lunes, fue una ley de amnistía que podría haber liberado a 76 activistas de la oposición, entre ellos tres figuras de alto cargo, cuya liberación es el punto de partida esencial para una reconciliación política.
Al igual que todas las demás sentencias que ha emitido, el rechazo por parte de la Corte de la liberación de los prisioneros fue ridícula en su falta de sentido jurídico. Los jueces afirmaron que la liberación de los presos sería injusta para las víctimas de la violencia en las manifestaciones contra el gobierno hace dos años. Pero tal y como han documentado ampliamente los grupos de derechos humanos, la mayor parte de ese derramamiento de sangre, incluyendo 43 muertes, fue cometida por las fuerzas de seguridad del régimen; lejos de practicar la violencia, los líderes de la oposición hicieron discursos en contra de ella. Sin importar esto, Leopoldo López, el político de más alto rango que está detenido, fue condenado a casi 14 años por presuntamente enviar “mensajes subliminales” de incitación a la violencia.
Aparte de la burda violación al estado de derecho, el compromiso del Sr. Maduro con la confrontación es importante porque Venezuela, un país de 30 millones de personas con algunas de las mayores reservas de petróleo en el mundo, se está acercando a un colapso catastrófico. Los expendios de alimentos básicos y medicinas están vacíos, y el gobierno está apenas a meses del “default” por impago de la deuda externa. La severa escasez de agua y electricidad se han extendido en las últimas semanas; la inflación se encuentra en tres dígitos, y el crimen violento es inmenso. La única respuesta del gobierno han sido medidas sin sentido, como la de decretar una semana laboral de cuatro días para todos los empleados públicos.
Los líderes de oposición están ahora siguiendo la estrategia de tratar de desbancar legalmente al gobierno a través de la recolección de firmas para un referendo revocatorio o la aprobación de una ley acortando el mandato del Sr. Maduro. Es casi seguro que los esbirros del régimen en el Tribunal Supremo de Justicia y la autoridad electoral declararán nulas estas iniciativas, independientemente de su legalidad. Considerando la extrema privación de la población, las posibilidades de disturbios masivos son altas.
Venezuela está en una desesperada necesidad de intervención política por parte de sus vecinos, que cuentan con un mecanismo dispuesto en la Carta Interamericana Democrática de la Organización de Estados Americanos, un tratado que prevé una acción colectiva cuando un régimen viola las normas constitucionales. Pero los líderes de la región están distraídos: Brasil está sufriendo su propia crisis política, mientras que la administración de Obama está preocupada por extender su mano hacia Cuba. Mientras la Casa Blanca corteja a los Castro, ellos usan su control sobre las fuerzas de inteligencia y seguridad de Venezuela, siendo el Sr. Maduro su acólito desde hace mucho tiempo, para fomentar sus tácticas kamikaze. Posiblemente una explosión no está demasiado lejos.
Escuche a la periodista Isbemar Jiménez
