William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró, este jueves, que, “en Venezuela, hay una absoluta manifestación del derecho a la libertad de expresión, solo que, frente a esta libertad, se desarrolla el concepto de la responsabilidad social”.
“Quien ejerce el sagrado derecho de expresarse libremente, como lo establece la Constitución venezolana, debe comprender que el único límite es el derecho del otro: la responsabilidad social. La gente no puede ejercer ese derecho sin entender que sus acciones tienen efectos sobre las personas, y las personas merecen ser respetadas.
Esta reinterpretación de los derechos humanos nos hace diferentes de los países que tienen una visión liberal, donde se ha pervertido el ejercicio de la libertad de expresión”, indicó Castillo, durante el programa de radio Derechos humanos en Revolución.
Castillo afirmó que “el derecho a expresarnos es libre, pero comporta deberes y responsabilidades”, y advirtió: “El derecho a la libertad de expresión no debe ser usado para generar incertidumbre u odio, para agredir a las personas o para acusar sin pruebas”.
El viceministro deploró que, “en nombre de la libertad de expresión, se cometan, a diario, infinidad de crímenes: faltar el derecho a la verdad, al equilibrio, a la ética y al respeto de los otros”.
Para Castillo, hay una intención de ‘tanques de pensamiento’ de otros países de imponer una doctrina, en la cual “el derecho a la libertad de expresión es un derecho que solo pueden violar los Estados. Ellos no reconocen que las empresas de comunicación violan derechos humanos, como el derecho a la información veraz contenido en la libertad de expresión”.
“Por eso, insisto: el derecho a la liberad de expresión ha sido expropiado a las sociedades, a los pueblos y a las personas; y ha sido usurpado y monopolizado por los grandes poderes mediáticos”, señaló.
Según Castillo, frente a esta concepción de los derechos humanos pervertida por el capital, “Venezuela propone un modelo de derechos humanos incluyente y progresista”, el cual plantea la libertad de expresión como un derecho esencial de las personas naturales o corporales.
“A partir de la Constitución de 1999, el pueblo organizado junto con el Gobierno han constituido distintos tipos de garantías para la expresión social plena. Así, se ponen en marcha posibilidades, herramientas, tecnología, recursos; porque, sin recursos, es imposible manifestarse públicamente en una sociedad. En Venezuela, conviven la comunicación privada, la comunicación pública y la comunicación comunitaria y popular que tiene un alto desarrollo, como no lo tiene hoy ningún país del mundo”, resaltó.
Responsabilidad mediática y Plan Nacional de DD. HH.
Sobre el derecho a informar y a recibir información, Castillo sostuvo que se ha invertido la ecuación: “Hoy, la mayoría de los medios no respeta a la ciudadanía, violan los derechos a la comunidad de usuarios”.
Al respecto, hizo referencia a la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de retirar de las parrillas de televisión nacional por suscripción los canales colombianos RCN y Canal Caracol: “Es una medida necesaria y legal que tardó en aplicarse. RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”.
A su juicio, “el tratamiento de la información es tan importante como el propio hecho. Debe hacerse con responsabilidad. Los reportajes que publica Caracol TV no se los aceptaría ningún país del mundo a un medio extranjero: muestran imágenes de niños, sin respetar su identidad; inventan noticias y propagan rumores; presentan prófugos de la justicia como fuentes confiables de información. Es una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”.
Agregó que “los medios no pueden mantenerse impávidos, ni cómplices frente a declaraciones hechas de manera irresponsable. La responsabilidad no solo es de quien habla, sino también del medio que avala sus palabras. Es legítimo proteger a la población de la apología al odio”.
“El Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 es un instrumento extraordinario para entender que hay otros actores con obligaciones en materia de derechos humanos —expresó el viceministro para Comunicación Internacional, y agregó—: El Plan Nacional de DD. HH. es un ejemplo para el mundo y debe ser ejemplo en la tarea que tiene la Constituyente no solo para reforzar los derechos conquistados, sino también para constitucionalizar la responsabilidad individual y corporativa de los derechos humanos”.
Para él, “los medios de comunicación deben entender y asumir que son responsables de lo que emiten”.
Convencido de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) abre un campo para hacer más progresiva la legislación, Castillo sugirió una legislación flexible moderna cuyo contenido establezca mecanismos de diálogo, reparación, reconocimiento y justicia rápida centrada en el beneficio de la persona víctima.
“Los delitos de odio no solo se deben castigar con la aplicación de penas represivas; se debe hacer una labor cultural, una labor social. No puede ser solo el castigo, porque el castigo siempre deja heridas. Debemos buscar un equilibrio entre lo administrativo, lo social y lo penal. Pero debe haber justicia”, planteó.
En esta ruta, esbozó algunas ideas en aras de nutrir la Ley Constitucional para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica: “El primer elemento debe ser el diálogo. La justicia de paz, con réplicas, aclaratorias, solicitudes de perdón públicas. La gente también debe aprender a pedir perdón”.
Propuso, además, revisar el tema de la libertad de expresión más allá de los medios convencionales: “Hay una mutación en la comunicación derivada del proceso tecnológico y económico: la llamada convergencia digital, todos los procesos comunicacionales y gran parte de los procesos político-sociales convergen en las redes. Las redes plantean al país un desafío legislativo que debe estar en una agenda, en línea con el Plan Nacional de DD. HH., para proteger los intereses nacionales y los derechos de los ciudadanos”.
Revolución de esquemas y acciones
Como un hombre que ha tenido responsabilidades en el Sistema Nacional de Medios Públicos, Castillo exhortó a sus pares a la reflexión sobre la incidencia de las prácticas propias en la promoción y garantía del reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco: “Nosotros también hemos fallado. Más de palabra que de hecho, pero la palabra también duele, también daña. Lo digo con absoluta responsabilidad: yo no avalo ningún comentario sobre la orientación sexual de ningún adversario. Esa no es forma de hacer política. La descalificación y el insulto no deben ser argumentos para el debate político”.
“El presidente Nicolás Maduro nos ha llamado a la búsqueda de nuevos valores, y la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, habla de ‘una nueva espiritualidad’. ¡Solo puede haber una nueva espiritualidad sobre la base de nuevos valores, pero practicados! Yo lo digo de manera autocrítica. No podemos hablar de nuevos valores, sin convertirlos en vida, cuerpo y carne de cada uno de nosotros”, dijo.
“Debemos hacer una revisión en la manera de comunicarnos. Necesitamos reflexionar sobre nuestro lenguaje, y deponer ciertas actitudes de arrogancia comunicacional para conectarnos con la gente, más allá de la base social dura. Necesitamos hablarle a todo el país; eso no significa, para nada, renunciar a nuestras ideas, ni dejar de ser radicales”, instó el funcionario.
Para finalizar su intervención, el viceministro Castillo felicitó la iniciativa del programa Derechos humanos en Revolución, transmitido por radio Miraflores: “Si tuviéramos más espacios en los medios donde la gente hablara de los derechos humanos, de los deberes sociales, de la cultura de los valores, abonaríamos más a la convivencia pacífica. La comunicación de la paz crea cultura de paz”.
T/Prensa Consejo de DD. HH. / Nerliny Carucí
