El abogado de la presidenta Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, afirmó este lunes que la Constitución de ese país establece que mientras no haya sentencia el presidente o presidenta de Brasil no puede ir preso.
Ante la Cámara de Diputados, el abogado de la mandataria destacó que no se trata de un favor, es una garantía del Estado, del Gobierno.
Cardozo indicó que sólo el Tribunal Supremo puede juzgar al Presidente de la República.
Además, el abogado defensor señaló que el sistema de Gobierno de Brasil es el presidencialismo, en el que no existe el juicio político “a menos que sea una situación muy grave”, un caso excepcional.
Cardozo explicó que para que abrir un proceso de juicio político la Constitución indica que debe haber un crimen de responsabilidad del presidente que atente contra la Carta Magna. “Si no lo hay, un hecho de crimen, en el sistema de presidencialismo en un Estado democrático de derecho no se puede hacer un juicio político”.
La parte defensora de Rousseff expuso este lunes ante la comisión especial de la Cámara de Diputados, en un periodo de 30 minutos, las pruebas y alegatos que desvinculan a la mandataria de los delitos que se le imputan, tales como: incurrir en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, algo que la legislación prohíbe.
La defensa encargada de demostrar su inocencia está liderada por el abogado de Gobierno, José Eduardo Cardozo, quien realiza la exposición de alegatos y cuyo razonamiento técnico y jurídico fue adelantado días antes por el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, en la comisión especial.
Además, Cardozo dijo que la destitución de un presidente sólo puede ocurrir en el caso de delito “grave”, que “obviamente” exige la salida del funcionario; sin embargo, él entiende que Dilma no encaja con este requisito.
“Vamos a dejar en claro que en un sistema presidencial como el nuestro, el presidente sólo puede ser removido de su cargo si comete un crimen grave que califique como ataque a la Constitución”, agregó el abogado.
Parte del alegato señala que los decretos de crédito extraordinario, publicados el año pasado sin la autorización del Congreso, cumplen con los requisitos de la Ley de Presupuesto de 2015.
El ministro de Hacienda, por su parte, aseguró que las acusaciones hechas a la presidenta Rousseff, carecen de fundamentos y tienen como único objetivo derrocar el Gobierno constitucional de Brasil.
“Los delitos que se imputan a la Presidenta no corresponden con su actual mandato y según la interpretación que se hace de la Constitución, no puede destituirse a ningún actual funcionario por una falta cometida en un periodo anterior”, agregó.
T/La Radio del Sur
