Tras dos años de negociaciones, finalmente la Unión Europea (UE) resolvió avanzar en un nuevo acuerdo con Cuba. Esto implica dejar atrás la llamada “posición común” adoptada por el bloque en 1996 a instancias del gobierno conservador español de José María Aznar. La mencionada iniciativa supeditaba cualquier posible cooperación a lo que Bruselas consideraba “mejoras de los derechos humanos y libertades fundamentales” en la isla.
“El Consejo ha derogado la Posición Común sobre Cuba adoptada por la UE en 1996”, informó este martes el órgano de integración regional que nuclea a 28 países de Europa. Asimismo destacó que el próximo 12 de diciembre se firmará un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en Bruselas con la participación del canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea aseguró: “Nos encontramos en un verdadero punto de inflexión en las relaciones entre la UE y Cuba. Mediante este nuevo acuerdo, la UE muestra su disposición a apoyar el proceso de modernización económica y social” de la isla. Cabe recordar que la más grande de las antillas es el único país latinoamericano que no tenía un acuerdo de asociación o cooperación con Bruselas.
¿Qué era la “posición común”?
En el año 1996 la Unión Europea firmó una resolución mediante la cual establecía que todos los países del bloque tendrían la misma relación con el gobierno de La Habana. La llamada “posición común” fue una iniciativa del presidente de España, José María Aznar, del Partido Popular.
El punto 1 de ese texto sostenía: “El objetivo de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba es favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales”. Al mismo tiempo planteaba la necesidad de una “recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano”. No obstante se aclaraba que esto no se buscaría “mediante la aplicación de medidas coercitivas que tengan por efecto incrementar las dificultades económicas del pueblo cubano”.
Además se señalaba que debía modificarse ” la legislación nacional en lo referente a los derechos políticos y cívicos” y anunciaba que mantendría la ayuda humanitaria. Pero esta sería distribuida “a través de las organizaciones no gubernamentales, las iglesias y organizaciones internacionales”. En los hechos implicaba la posibilidad de financiar actores sociales y políticos cubanos “afines” a la política del bloque.
T/ RT
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