Los jóvenes que integran la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE) y la Federación Venezolana de Estudiantes reivindican hoy las luchas y las batallas emprendidas por dirigentes estudiantiles en los años 90 y que fueron víctimas de las políticas de exterminio de gobiernos de entonces, expresó este sábado el revolucionario Elías Jaua.
“Vemos que nuestros mártires viven en esta juventud que hoy lleva las banderas de la Organización Bolivariana Estudiantil y de la Federación Venezolana de Estudiantes”, recalcó el también diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ante la Asamblea Nacional.
Recordó que la política represiva contra quienes lucharon por el reconocimiento de derechos estudiantiles y el fortalecimiento de un sistema educativo público y gratuito, con énfasis en el acceso de las mayorías de la población, tuvo sólo en 1991 ocho víctimas, uno de ellos —mencionó— fue el estudiante Jimmy Hernández, asesinado el 14 de noviembre de ese año tras participar en una protesta frente al liceo Andrés Bello, en Caracas, por el derecho al pasaje estudiantil.
“Sólo en ese año ocho estudiantes corrieron la misma suerte (de Jimmy Hernández)” y a eso se le sumaron las lesiones que produjeron en otros estudiantes, “que demostraba que había una política sistemática de exterminio ordenada por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez contra dirigentes estudiantiles, tanto universitario como de educación media”, subrayó.
Mencionó que por ello hoy se le rinde homenaje a los mártires estudiantiles en el III Congreso Federación Venezolana de Estudiantes, que se celebra este sábado en las instalaciones del Liceo Andrés Bello, en Caracas.
Como caracterizó a los gobiernos del pacto de Punto Fijo, el de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) reprimió brutalmente las protestas estudiantiles.
Durante las manifestaciones fueron asesinados 50 estudiantes en un país en el que la educación pública fue abandonada por el Estado como preámbulo y excusa para justificar la privatización del proceso educativo nacional.
El asesinato de Jimmy ocurrió dos años después del Caracazo, el estallido social resultado de una fuerte crisis social y económica, derivada de políticas neoliberales sostenidas desde 1958 pero agravadas tras la admisión de ajustes macroeconómicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que fueron presentadas al país el 16 de febrero de 1989 por el entonces presidente Pérez.
T/AVN
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