El Grupo de Trabajo de Jueces Generales retirados emitió una declaración unánime este 29 de noviembre de 2025 donde califica como crímenes de guerra las órdenes del Secretario de Defensa de «matar a todo el mundo» durante operaciones navales en el Caribe, basándose en informes del Washington Post y CNN.
La organización, constituida en febrero de 2025 en respuesta al despido de jueces generales del Ejército y Fuerza Aérea, se refirió específicamente al ataque del 2 de septiembre contra un buque civil con once personas a bordo. Según los informes periodísticos, tras un primer ataque que destruyó la embarcación, video de vigilancia mostró a dos supervivientes entre los restos, momento en que el comandante de la operación ordenó un segundo ataque que terminó con sus vidas.
En consecuencia, los expertos jurídicos determinaron que tanto la emisión como la ejecución de estas órdenes constituyen crímenes de guerra y asesinato. El análisis legal establece dos escenarios posibles: si se trata de un conflicto armado no internacional, las órdenes de «no dar cuartel» violan el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; si no es un conflicto armado, los hechos constituyen asesinato según la ley estadounidense.
Asimismo, el documento cita específicamente la violación de la IV Convención de La Haya de 1907, cuyo artículo 23(d) prohíbe explícitamente «declarar que no se dará cuartel». Adicionalmente, se señala que el Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, aunque pendiente de ratificación por el Senado estadounidense, establece la obligación de respetar a todos los heridos y náufragos.
Por otra parte, el grupo enfatiza que estas órdenes son «patentemente ilegales» según el Código Uniforme de Justicia Militar, por lo que todo personal militar tiene el deber de desobedecerlas. Cabe destacar que se hace referencia expresa al Título 18 del Código de Estados Unidos § 2441 sobre Crímenes de Guerra, que permite procesar ciudadanos estadounidenses por violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Finalmente, el llamado incluye al Congreso para investigar los hechos y al pueblo estadounidense para oponerse a cualquier uso de las fuerzas armadas que implique atacar intencionalmente a personas fuera de combate. En definitiva, la declaración establece que quienes emitieron o ejecutaron estas órdenes pueden y deben ser procesados por crímenes de guerra, asesinato o ambos, aplicándose tanto el derecho internacional como la legislación estadounidense.
El documento concluye advirtiendo que la destrucción sistemática de los controles legales dentro del ejército estadounidense ha creado las condiciones para que ocurran este tipo de crímenes, destacando que de existir los «guardarraíles» legales adecuados, estos actos hubieran sido prevenidos.
T/RNV