Zona Económica Especial de La Guaira impulsará eje agrícola y proyectos industriales

La Zona Económica Especial (ZEE) de La Guaira avanza con doce proyectos en distintas fases de desarrollo, seis de ellos actualmente en ejecución, cuatro en etapa de diseño y dos en proceso de instalación, según informó Marco Meléndez, autoridad única de esta zona, durante la celebración de su segundo aniversario.

Entre los anuncios más significativos, Meléndez destacó que el superintendente nacional, Johan Álvarez, presentará próximamente el «Plan Maestro de la ZEE de La Guaira», que incluirá el desarrollo de un eje agrícola para conectar al estado con Caracas. Esta iniciativa ampliará el alcance de la zona económica más allá de los sectores industrial y tecnológico, buscando la diversificación de la economía nacional desde el ámbito local.

En el Centro de Industria, Tecnología e Innovación se concretan proyectos relevantes, incluyendo la instalación de una fábrica de producción de fibra óptica a cargo de una empresa iraní, que actualmente se encuentra adecuando sus instalaciones. Asimismo, se firmaron cartas de intención para la fabricación de pantallas LED y la producción de insumos médicos para el sector hospitalario, además del desarrollo de una fábrica de hilos en el mismo centro industrial.

Más allá de este polo industrial, el funcionario enumeró inversiones en otros puntos del estado, como una planta de envasado y empaquetado de pescado en el sector Montesano y una empresa de aceite vegetal comestible que se instalará en el puerto de La Guaira.

En materia de empleo, Meléndez resaltó la generación de 129 empleos directos en el Centro de Industria, Tecnología e Innovación, mientras que la suma de todas las adecuaciones en la ZEE supera los 600 empleos directos y más de 2.600 indirectos.

Como principales desafíos, el funcionario señaló la necesidad de un «nuevo ordenamiento jurídico» y una «organización institucional» que facilite las operaciones empresariales, recalcando el trabajo conjunto con la gobernación, empresas estatales y la Superintendencia Nacional para garantizar seguridad jurídica a los inversionistas.

T/RNV