La Defensoría del Pueblo de Venezuela rechaza enérgicamente la decisión del gobierno de Estados Unidos de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, electo democráticamente. Esta acción, anunciada por la portavoz Pamela Bondi, es considerada una grave violación del Derecho Internacional, los principios de soberanía y no intervención, así como una reiteración de acusaciones infundadas que buscan incentivar la violencia.
La medida unilateral afecta la integridad y seguridad del mandatario venezolano, ignorando el marco jurídico internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los procesos constitucionales que legitimaron su elección. La Defensoría advierte que estas acciones generan tensiones, amenazando la paz interna de Venezuela y la estabilidad regional, con posibles repercusiones globales.
Además, la institución reafirma su compromiso con la soberanía nacional, los derechos humanos y el orden democrático vigente. Denuncia que estas prácticas coercitivas y extraterritoriales violan las normas de convivencia internacional y se suman a otras agresiones, como el bloqueo económico, el secuestro de aviones de Conviasa y el desvío de recursos destinados a salud pública, incluidos fondos para vacunas y tratamientos médicos de niños venezolanos, hechos documentados por relatores de la ONU.
La Defensoría insta a la comunidad internacional a repudiar cualquier acto que vulnere la autodeterminación de Venezuela y a respetar los principios de no intervención y soberanía, bases esenciales del Derecho Internacional y los derechos humanos. Como afirmó Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
T/RNV