El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a otros líderes oficialistas, fue imputado por un fiscal federal por amenazas contra la periodista Julia Mengolini. El abogado de la comunicadora, Juan Grabois, denunció el uso de fondos públicos para financiar una red de «terrorismo psicológico paraestatal» contra ella.
Grabois explicó que la justicia ya recopiló pruebas clave para identificar a los responsables de las amenazas dirigidas a Mengolini. «Algún límite tiene que tener. El que las hace las paga», declaró el letrado, señalando la gravedad del caso.
La investigación, a cargo del fiscal Fernando Domínguez de San Isidro, no implica una declaración de culpabilidad, pero marca el inicio de un proceso para reunir evidencias. Se analizan amenazas y ataques contra Mengolini, quien denunció una campaña de odio impulsada desde altos cargos del Gobierno.
Medios locales reportan que Domínguez indaga la posible existencia de una estructura estatal que usaría recursos públicos para hostigar a críticos del Gobierno de Milei. Esto incluiría amenazas coordinadas y difamación contra quienes disienten de la gestión oficial.
En los últimos meses, Mengolini sufrió ataques en redes sociales, incluyendo un video manipulado con Inteligencia Artificial, y recibió amenazas de muerte hacia ella y su familia. La periodista describió ante la Cámara de Diputados el calvario de enfrentar una campaña de odio «orquestada desde las más altas esferas del Estado».
El caso reaviva el debate sobre la libertad de prensa y el uso del poder para silenciar críticos en Argentina. Mientras avanza la investigación, la sociedad espera respuestas claras sobre la presunta instrumentalización del Estado para amedrentar a periodistas.
T/RNV