Una docena de congresistas demócratas, incluidos líderes del Caucus Hispano, han presentado una demanda federal contra la administración de Donald Trump. Alegan que el gobierno les ha negado el acceso a los centros de detención de migrantes, obstaculizando su supervisión de las condiciones en las que se encuentran los detenidos. La acción legal busca reafirmar el poder constitucional del Congreso para fiscalizar las agencias federales.
Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano, denunció que esta obstrucción no solo viola la Constitución, sino que también amenaza la democracia. Criticó los esfuerzos de la administración Trump por deshumanizar a los inmigrantes, detener a miles de personas—incluyendo ciudadanos estadounidenses—y utilizar agencias federales para impulsar una agenda de deportación masiva basada en la crueldad y el caos.
Espaillat también señaló que la limitación sistemática de las facultades de supervisión del Congreso ha creado un ambiente propicio para el abuso y la impunidad en estos centros. Según la ley, los legisladores tienen derecho a visitar sin previo aviso estas instalaciones, pero los demandantes acusan al Ejecutivo de interponer obstáculos para evitar su ingreso.
Joe Neguse, otro de los congresistas firmantes, calificó la actitud del gobierno como un «flagrante desprecio por la ley y el orden constitucional». Activistas y organizaciones civiles han alertado reiteradamente sobre las condiciones inhumanas y el hacinamiento en estos centros, donde los migrantes enfrentan falta de higiene, espacio y condiciones climáticas extremas.
Uno de los centros más cuestionados es «Alligator Alcatraz», inaugurado el 1 de julio en Florida con capacidad para 3,000 personas. Legisladores demócratas que lo visitaron lo describieron como un lugar con «jaulas» para dormir, baños en mal estado y sin control de temperatura, a pesar del intenso calor y la humedad del estado.
La demanda fue presentada en un tribunal de Washington D.C., coincidiendo con un proceso de la FEMA para distribuir $608 millones en fondos destinados a la construcción o expansión de más centros de detención. Esta situación ha generado mayor preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes temen que el gobierno priorice la detención masiva sobre soluciones humanitarias.
T/RNV
