El Salvador registra al menos 427 muertes de reclusos en el marco del Estado de Excepción, vigente desde 2022. La medida, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, permitió detenciones masivas dirigidas principalmente contra presuntos pandilleros. Sin embargo, organizaciones humanitarias denuncian que muchas de las personas arrestadas no tienen vínculos con el crimen organizado, mientras las muertes en prisión siguen en aumento.
Según el informe de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), gran parte de los fallecidos no habían sido condenados, debido a una ley que permite procesos penales masivos contra pandillas. No obstante, hasta ahora no se ha registrado ninguna sentencia bajo este mecanismo, lo que genera dudas sobre su transparencia y legalidad.
La ONG reveló que el 94% de los fallecidos no cumplían con el perfil de pandilleros, lo que evidencia detenciones arbitrarias y un posible uso excesivo de la fuerza. Además, advirtieron que la cifra real de muertes bajo custodia podría superar los mil casos, aunque el gobierno restringe el acceso a esta información.
El Estado de Excepción también ha sido criticado por suspender garantías constitucionales, facilitando la explotación de mano de obra precaria y el arresto de posibles opositores políticos. Hasta ahora, organizaciones internacionales han recibido más de 6.400 denuncias por violaciones a los derechos humanos en este contexto.
La situación en las cárceles salvadoreñas sigue bajo escrutinio, mientras el gobierno mantiene silencio sobre las condiciones de los detenidos. La comunidad internacional exige mayor transparencia y respeto a los derechos fundamentales, ante el creciente número de muertes y denuncias de abuso.
El Salvador enfrenta así un duro debate entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, en un escenario donde las cifras oficiales no reflejan la realidad que viven miles de detenidos.
T/RNV