En Perú, una multitudinaria marcha tuvo lugar en diversos puntos de Lima, como la Plaza San Martín y la avenida Abancay, en protesta por el incremento de las extorsiones y actos violentos, esta marcha fue impulsada por el reciente asesinato de Paul Flores, líder de la agrupación musical Armonía 10, quien perdió la vida el pasado 16 de marzo tras un ataque armado contra el autobús de la banda.
La indignación ciudadana también se reflejó en el ámbito político, donde el Congreso de la República decidió censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Según especialistas, su gestión estuvo marcada por la defensa de la presidenta Dina Boluarte frente a investigaciones, donde se dejó de lado la atención a problemas sociales como el crimen organizado. Este hecho evidenció una fractura entre el Gobierno y el Congreso, con fuerzas políticas de derecha e izquierda unidas en la moción de censura.
El asesinato de Flores y las amenazas previas contra Armonía 10 han puesto en evidencia la creciente inseguridad en el país. Durante la gestión de Santiváñez, los homicidios alcanzaron cifras alarmantes, con un total de mil 850 casos en tan solo diez meses, según informes oficiales.
La destitución de Santiváñez ha sido interpretada como un llamado urgente para priorizar la seguridad nacional. Los ciudadanos esperan que el nuevo titular del Ministerio del Interior implemente estrategias efectivas contra las extorsiones y otros delitos que afectan la tranquilidad de la población.
El caso de Paul Flores, que conmocionó al país, es un reflejo de la vulnerabilidad de los artistas y ciudadanos frente al crimen organizado. Las amenazas y exigencias de pagos por «vacunas» han dejado en evidencia la necesidad de medidas contundentes para garantizar la seguridad y combatir la violencia que afecta a todos los sectores de la sociedad.
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