Transportistas peruanos y trabajadores de diversos gremios se sumaron a un paro de 24 horas en las provincias de Lima y Callao para exigir al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte medidas más efectivas contra la creciente inseguridad. En los últimos 15 días, más de 150 personas fueron asesinadas por mafias dedicadas a la extorsión.
La medida de fuerza surgió como una respuesta organizada al incremento de atentados, asesinatos, extorsiones y otros delitos que afectan a los trabajadores. Denuncian que cada vez son más frecuentes los casos en los que tienen que pagar a grupos delincuenciales para poder trabajar y son asesinados si se niegan.
El paro fue convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (Anitra) y otros gremios, quienes, además de exigir medidas eficaces contra la delincuencia, reclaman la dimisión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Los manifestantes se congregaron en diversos puntos de Lima y marcharon hacia la Plaza San Martín, en el centro histórico de la capital. Entre ellos se encontraban comerciantes, bodegueros, salones de belleza, barberos y mototaxistas.
El vicepresidente de Anitra, Julio Campos, afirmó que el 80 por ciento de los transportistas es objeto de constantes extorsiones. «Además del cobro de ese impuesto, existe el riesgo de ser víctima de sicariato si el trabajador se opone a pagar», señaló Campos. Los transportistas consideran que el Gobierno de Boluarte no toma las medidas ante esta situación, lo que provoca que se normalice.
En las últimas semanas, se registraron 196 homicidios, la mayoría en Lima. Solo en enero de 2025, se presentaron 796 denuncias por extorsión. La presidenta de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional del Perú (Asotrani), Hermán Mendieta, informó que más de 150 personas fueron asesinadas por mafias en los últimos 15 días.
Los transportistas también rechazan la labor del Congreso, acusan a sus integrantes de promover leyes que benefician al crimen organizado. Una de las leyes criticadas es la llamada ley contra el terrorismo urbano que, según ellos, criminaliza la protesta. Los gremios de transportistas aseguran que desde el Legislativo se sataniza su lucha contra la violencia y la delincuencia.
Durante la protesta, las autoridades policiales amenazaron a los transportistas que apoyaron el paro con detenerlos si intentan realizar bloqueos de vías o cometer actos delictivos. La situación refleja la grave crisis de seguridad que enfrenta el país y la urgente necesidad de medidas efectivas para proteger a los trabajadores.
Fuente: Telesur
