El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, develó elementos conspirativos tales como los 18 mapas cartográficos donde están demarcadas numerosas instalaciones militares, con sus respectivas zonas de seguridad, que estaban en manos de la denominada activista de los Derecho Humanos, Rocío del Carmen San Miguel Sosa, vinculada con el caso Brazalete Blanco, trama que consistía en realizar acciones terroristas contra el país.
Desde la sala de prensa del Ministerio Público (MP), en Caracas, el fiscal expresó: “El manejo de esta información es sumamente delicado, porque eso se reserva. Quienes tienen esas cualidades son agregados militares, eso no tiene nada que ver con defensores de derechos humanos. Dar información sensible es un elemento de convicción contundente”.
Al respecto, Saab señaló que al momento de la detención de los 19 implicados por el caso Brazalete Blanco, al detenido, Ányelo Heredia, se le encontró en sus contactos telefónicos datos importantes de la señora Rocío San Miguel, “indicio de lo que encontraríamos después. ¿Por qué (ella) aparece como contacto telefónico de un terrorista?”.
Entretanto, añadió, hay más de 24 zonas de seguridad demarcadas, que incluyen la zona de seguridad del Palacio de Miraflores, que estaban en manos de San Miguel, y sus mismos familiares reconocieron que era de su pertenencia. “Esta información ha sido recabada y señalizada de forma sistemática, con apoyo de personas con conocimientos de geografía o cartografía”.
ONG fachada para prácticas terroristas
Al mismo tiempo, la máxima autoridad del MP destacó el vínculo que mantenía la mencionada ciudadana con la ONG “Control Ciudadano”, instancia que tenía la finalidad llevar a cabo acciones terroristas contra el país.
“¿Qué pasaría en Estados Unidos, en España, o en uno de los países del extinto grupo de Lima? Es delicado tener una ONG como fachada para quienes practiquen acciones terroristas. ¿Es Rocío San Miguel una defensora de derechos humanos?”, el fiscal les preguntó a los periodistas.
Ante la recopilación de las pesquisas, subrayó que dichas actividades de San Miguel son ajenas a los derechos humanos. “Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado venezolano”.
A la vez, hizo hincapié de la información que Rocío del Carmen San Miguel Sosa suministraba a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea de la nación bolivariana. “¿Por qué usted tiene que reunirse con un representante de una superpotencia europea?”.
T/VTV
