La comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) que investiga los delitos perpetrados contra el país por las directivas del periodo 2016-2020, presentó un informe con las acciones en perjuicio de la República, ejecutadas por la extrema derecha.
El documento fue aprobado por unanimidad, y el presidente de la comisión, José Brito, durante la sesión ordinaria de este jueves, precisó que hay 442 involucrados en la investigación; 203 son ex diputados y diputadas.
Además, 239 son personas designadas por el exdiputado Juan Guaidó como falsos embajadores y representantes diplomáticos de Venezuela, bajo el supuesto gobierno interno.
Agregó que nuevas indagatorias pueden incorporar a más personas con una estimación de al menos 1.600, y que incluye a dirigentes como Ramos Allup, Leopoldo López, Julio Borges y el gobernador Manuel Rosales, este último en la quiebra de Monómeros.
Al respecto, el gobierno colombiano de Iván Duque, planificó y actuó con premeditación alevosía para quedarse con la empresa. «Más temprano que tarde, Colombia tendrá que devolver Monómeros a Venezuela», enfatizó.
En el plan de robo, hay una descripción para adquirir vacunas contra el Covid-19, sin embargo, no se trajo ninguna al país. Fue público y notorio la pelea de los grupos de la ultraderecha por el «reparto del botín», añadió.
Brito pidió crear enlaces con los entes competentes del Estado para exponer el informe, porque mucho de los involucrados son susceptibles a una declaración política y puntualizó que todavía se siguen suscitando hechos en torno al caso.
El vicepresidente de la comisión, Hugbel Roa, añadió que el informe contiene 12 mil folios de una investigación minuciosa en la que refieren pruebas con sus respectivos argumentos.
El diputado Bernabé Gutiérrez, señaló que se debe hacer justicia contra los “facinerosos, ladronzuelos y corruptos” que siguen “riéndose de quienes administran justicia”.
Igualmente, la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Iris Varela, subrayó que el pueblo clama que se haga justicia por el bloqueo que ha causado la muerte de miles de venezolanos.
La AN de mayoría opositora entre 2016 y 2020, pretendió desestabilizar el país, a lo que se le sumó la autoproclamación de Juan Guaidó el 23 de enero de 2019, con el argumento de liberar a Venezuela.
Eso ha permitido la confiscación de recursos venezolanos en los últimos tres años con apoyo de EE.UU. y otros gobiernos como el de Colombia.
Eso ha implicado la congelación de activos en Portugal, EE.UU. y, entre otros, la retención ilegal de 31 toneladas de oro en el Banco de Londres, Reino Unido.
T/AVN
