El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dio este jueves un avance en relación con dos nuevas acciones del Ministerio Público ante la Corte Penal Internacional (CPI), para asegurar el debido proceso y el derecho a la defensa de Venezuela.
A través de un comunicado oficial, el Fiscal General detalló las acciones realizadas por el Ministerio Público como líder de la acción penal, «así como el derecho a la defensa de Venezuela que según nuestro criterio ha sido vulnerado».
«En una acción jamás conocida en esa Fiscalía de la CPI, un grupo cartelizado para ir en contra de la democracia venezolana, asistió a esta fiscalía para denunciar prácticamente con una maniobra de muchísimos falsos positivos que hemos ido desenmascarando», explicó Saab.
Indicó que se entregaron «documentos y el compromiso de la cooperación por parte del Ministerio Público con la fiscalía de la CPI para transmitir información debidamente, con anexos con números de expediente con detalles de los casos respectivos que inclusive teniendo fuentes alternas, hemos podido ir en medio de una oscuridad avanzando para lograr el objetivo de la defensa en este caso de Venezuela».
«En el día de hoy el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela ha presentado dos acciones, en el marco del Examen Preliminar del Caso Venezuela I, de gran importancia para el correcto desarrollo de la cooperación brindada por el Estado venezolano a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», destacó el Fiscal General.
Asimismo, afirmó que «el tema de los derechos humanos no puede tener sesgo político, no pueden engañarlo a un con falsos positivos y utilizar los derechos humanos para asuntos de carácter mercenario».
«Hemos realizado un análisis comparado de 22 exámenes preliminares de la Fiscalía de la CPI. Todos ellos han llegado al menos a la fase 3 igual que el caso Venezuela I. Se han evaluado parámetros como la duración del examen preliminar y actuaciones de la Fiscalía de la CPI durante este examen»
Indicó que la comparativa con los casos más similares en su complejidad aportan datos contundentes como Colombia y Guinea llevan 16 y 11 años en examen preliminar.
Venezuela, por su parte, apenas lleva 3 años sometida al examen preliminar y se está presionando a la Fiscalía para que abra investigación. «Esto revela un trato desigual y discriminatorio. También quiero destacar el caso de Colombia de estos hechos graves, destacan la práctica sistemática de falsos positivos, que consistía en el asesinato de civiles inocentes que eran presentados como combatientes caídos», denunció Saab.
«Una vez más, insistimos en que las puertas de nuestro país está abiertas para que vengan a comprobar in situ el trabajo que estamos realizando; que se reúnan con nuestros equipos y que tengan acceso a los expedientes», resaltó el Fiscal General.
También recalcó que «Venezuela, por su parte, ha colaborado con la CPI y está respetando sus obligaciones de derecho internacional. Desde octubre de 2020, el Ministerio Público ha presentado 5 informes en 7 meses donde hemos dado cuenta de más de 700 procedimientos penales en curso para investigar y castigar si se estimase así, a los funcionarios de nuestro Estado que hayan podido cometer violaciones a los Derechos Humanos 9 reformas destinadas a mejorar la protección de los Derechos Humanos».
A continuación el texto íntegro del comunicado:
En primer lugar, hemos presentado una petición de cooperación judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma. Este artículo organiza la colaboración entre la Fiscalía de la CPI y los Estados miembros del Estatuto de Roma y permite a estos pedir información a la Fiscalía de la CPI para cumplir con sus deberes, por este motivo, hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar.
Dado que hasta la fecha no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados. La colaboración institucional debe ser bilateral y recíproca para dar una respuesta adecuada a lo que se nos requiere desde la Fiscalía y por ello, solicitamos que se nos facilite dicha información como elemento indispensable para hacer productiva la complementariedad.
No atender esta justa petición es quebrantar la praxis que históricamente ha realizado esta institución, sometiendo a un trato desigual y excepcional a nuestro país, que, por su parte, está dando muestras de la más efectiva colaboración, prueba de ello es que el Ministerio Público ha estado remitiendo documentación de manera sistemática, a pesar de que tan solo conocemos lo que se lee en las comunicaciones públicas de la Fiscalía y lo que, desafortunadamente, se filtra de manera interesada por los organismos y estados denunciantes. Es por ello, que solicitamos expresamente que la cooperación sea bilateral al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.10 del Estatuto.
En segundo lugar, el Ministerio Público de Venezuela ha presentado una Solicitud de Control Judicial, en virtud del artículo 46.2 del reglamento de la CPI, esta petición ha sido presentada ante la Sala de Cuestiones Preliminares de dicha institución para que esta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que, en el caso de Venezuela está siendo paradigmático. Estamos ante una oportunidad única para que se contribuya a asegurar que el trato que se dé a los países objeto de un Examen Preliminar sea justo e igualitario; nuestra solicitud se fundamenta en un minucioso análisis de todos los casos que la Fiscalía de la CPI ha sometido a Examen Preliminar, que demuestra, sin paliativos, la actuación parcial e interesada que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela.
Reclamamos amparo por parte de la Sala para que se nos conceda el mismo trato que se ha dado a países como Colombia, entre otros, que lleva casi 17 años bajo examen y que ha recibido 12 misiones de la Fiscalía. Nuestro país, no ha recibido ni una sola visita a pesar de que hemos reiterado en numerosas ocasiones nuestra voluntad de recibir al equipo de la Fiscalía de la CPI con el máximo respeto institucional, pero también con la máxima contundencia exigimos que no sean motivaciones políticas las que guíen las decisiones de la Fiscalía de la CPI en este caso
Con esta solicitud de control judicial, pedimos a la Sala de Cuestiones Preliminares que se pronuncie sobre tres asuntos esenciales ¿Debe la Fiscalía de la CPI contestar al Estado y mantener una interlocución en el Examen Preliminar, estando obligada a establecer un diálogo constructivo con el Estado en el marco del principio de complementariedad para dar cumplimiento al art. 15 del Estatuto de Roma, máxime cuando está siendo solicitado y ofrecido por éste de forma permanente y desde el principio? ¿Debe permitirse el acceso al material probatorio al Estado para garantizar el derecho a la defensa, el principio de contradicción y el control de pruebas, en el marco del art. 21.3 del Estatuto de Roma? ¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un Examen Preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno? Entendemos que las respuestas deben ser positivas en los dos primeros casos y negativa en el último.
En definitiva, consideramos que la Fiscalía de la CPI debe informar plenamente sobre su posición con relación a la información suministrada por nuestro país y establecer, junto con este, una hoja de trabajo conjunto para sacar el máximo partido a la firme voluntad de colaboración que el Estado venezolano tiene desde que fue requerido por la Fiscalía el pasado 2 de octubre de 2020. Así mismo, debe quedar clara la voluntad firme y definitiva que tiene el Ministerio Público de llevar sus investigaciones para el esclarecimiento de los hechos hasta su finalización de forma independiente y con apego a la legalidad y respeto a los estándares de protección de los derechos humanos.
T/AVN
