Luego de que la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera un informe sobre las protestas ocurridas en octubre pasado en Ecuador, la alta comisionada de esta organización, Michelle Bachelet, llamó a todos los actores del país sudamericano a valerse del diálogo para prevenir conflictos y crear una sociedad más inclusiva.
La delegación de DDHH visitó Ecuador del 21 de octubre al 8 de noviembre para recopilar información de primera mano e identificar posibles abusos a las garantías fundamentales cometidos durante las protestas que se suscitaron tras el anuncio de un paquete de austeridad que incluía la eliminación del subsidio al combustible y una serie de medidas económicas y fiscales, reseña el portal Noticias ONU.
Al divulgar los hallazgos de ese equipo, Bachelet declaró el 29 de noviembre que los disturbios tuvieron un alto costo humano. “Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, subrayó.
Según los datos recabados, durante los 11 días de disturbios sociales (del 3 al 13 de octubre) al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas, entre ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1.382. Hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente.
Bachelet pidió realizar investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos – incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y detenciones arbitrarias – y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las manifestaciones.
Tras entrevistarse con funcionarios gubernamentales de alto nivel y con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios, así como con testigos y víctimas de la violencia, la alta comisionada de la ONU recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos sobre el uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales.
En ese sentido, reconoció que la desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro.
T/AVN