El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia comunicó que sigue vigente el estado de emergencia territorial, en medio de las acciones violentas contra miembros de las comunidades originarias.
En tal sentido, hizo un llamado a todas las estructuras de la organización nativa y comunidad en general para seguir atentos y vigilantes.
También alertó a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sobre los hechos que se vienen presentando en la zona durante los últimos días, que no se limitan a amenazas escritas, sino a hechos de persecución y muerte.
El CRIC subrayó que ‘las amenazas de muerte que seguimos recibiendo por nuestra labor autónoma de control territorial no responden a ningún proyecto político revolucionario, sino a la mezquina ambición del narcotráfico’.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se reunió esta semana en el Cauca (oeste) con autoridades territoriales, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y autoridades nativas.
A nosotros nos duele cuando matan a un indígena, a un líder social, un líder comunitario, un defensor de derechos humanos. Nos duele y sabemos que el Estado está en la obligación de garantizar su protección. Por eso, aquí estamos, expresó Gutiérrez.
Busquemos soluciones de común acuerdo. Debemos permitirles a las autoridades correspondientes que puedan adelantar las investigaciones sin limitaciones, opinó.
Sin embargo, el CRIC afirmó que las declaraciones de Gutiérrez y su comitiva, ‘no satisfacen ni dan respuesta a nuestras exigencias, por lo tanto, nos declaramos en asamblea permanente’.
Unido a ello, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró emergencia humanitaria por la muerte de más de 158 nativos desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.
Nos vemos en la obligación ética y política de declarar la situación de emergencia humanitaria, social y económica en todos los pueblos indígenas de este país, informó en conferencia de prensa.
La situación humanitaria y la estrategia de despojo territorial en la que viven nuestros pueblos originarios, no da espera. Estamos enfrentados a un genocidio físico y cultural, aseveró.
Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, hizo un llamado para que ‘los organismos del Estado presten atención al genocidio que hoy sufren los pueblos originarios’.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 750 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, 158 de ellos pertenecían a los pueblos indígenas. Durante el año transcurrido de la llegada al poder de Duque, 94 miembros de esas comunidades fueron ultimados, apuntó la ONIC.
T/ PRENSA LATINA
