El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, lamentó este viernes el deceso de otro niño venezolano –que requería un trasplante de médula ósea- a consecuencia del bloqueo económico que unilateralmente ha impuesto el gobierno de Estados Unidos al país latinoamericano.
Este cerco financiero, reiteró el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores a través de su cuenta en Twitter @jaarreaza, impide la transferencia de fondos a las instituciones italianas de salud con las que la estatal Pdvsa atendía estos casos urgentes.
El deceso del infante de 7 años fue denunciado por el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe.
Más de 500 pacientes atendió el programa de trasplante de médula ósea de Pdvsa-Citgo antes de ser impactado por las medidas económicas adoptadas por la administración de Donald Trump, detalló Devoe.
El pasado 7 de mayo, el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos comunicó el deceso de Giovanny Figuera, un niño de 6 años que también requería un trasplante de médula ósea y medicamentos especializados que son importados por el Estado venezolano.
En abril pasado, el canciller venezolano denunció durante una rueda de prensa en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la situación de más de 20 pacientes venezolanos que se encuentran en Italia en el marco de un convenio de Pdvsa con una fundación para el trasplante de médula ósea, cuyas vidas están en riesgo como consecuencia del bloqueo al país: la transacción por 4.851.252 euros necesarios para su atención ha sido frustrada a raíz del asedio económico.
Desde diciembre del año 2014, Venezuela es víctima de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos que han derivado en un bloqueo económico severo, afectando directamente el funcionamiento social y económico del país, la capacidad del Estado venezolano para realizar importaciones sensibles de medicamentos, el uso de la banca internacional para operaciones comerciales diversas, y más recientemente, ha afectado control efectivo de la República Bolivariana sobre sus activos energéticos y financieros en el extranjero.
T/Prensa MPPRE
