La Ley Constitucional de Precios Acordados estipula una corresponsabilidad de todos los actores de la economía para lograr la estabilidad del país, destacó el el superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras.
«Hasta ahora había operado un mecanismo que era de fijación directa de precios por parte del Estado. No quiere decir con esto que el Estado renuncia a esta responsabilidad, sino que este instrumento legal compromete a todos los actores de la economía para construir un proceso productivo, que parta de la sanidad, de la transparencia, del respeto del derecho que tenemos todos en el cumplimiento del proceso constituyente», enfatizó Contreras durante una entrevista transmitida este miércoles por Venezolana de Televisión.
Explicó que este principio de corresponsabilidad se desarrollará a través del diálogo entre los sectores comerciales públicos y privados, las organizaciones comunales, los trabajadores y los consumidores.
Asimismo, destacó que uno de los problemas asociados a la fijación de precios son las importaciones, por lo que a través de la ley se promueve la sustitución de materia prima importada. Además, señaló que se prevé desmontar la cartelización de precios
Por otra parte, resaltó que, una vez acordados los precios, se desarrollará la primera etapa del plan de fiscalización, que en esta oportunidad comenzará por los grandes productores y comercializadores, punto de la cadena en el que se inicia el proceso de fijación y distorsión de precios.
T/AVN