La convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña, previsto para el próximo primero de octubre y suspendido por el Tribunal Constitucional, ha desembocado en un choque institucional y legal sin precedentes entre el Gobierno español y las autoridades catalanes.
Días antes de la consulta comenzaron los registros y detenciones a manos la Guardia Civil entre las fuerzas separatistas que apadrinan el referéndum.
Mientras el Jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió que “no habrá referéndum”, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha condenado la “agresión”.
Las últimas detenciones han hecho salir a las calles a numerosos ciudadanos que apoyan la secesión, reseñó el medio de comunicación internacional RT.
Recientemente, Puigdemont condenó la “actitud totalitaria” y “antidemocrática” del gobierno español, después de que agentes de la Guardia Civil detuviesen el miércoles pasado a al menos 14 personas, la mayoría altos cargos de la Generalitat, y efectuasen más de 20 registros en varios departamentos y organismos, así como en sedes de empresas y domicilios privados.
Además, el presidente catalán aseguró que lo que está viviendo en Catalunya no lo vive ningún Estado de la Unión Europea, “en estas horas, el Estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Catalunya y ha decretado un Estado de excepción”.
Las protestas continúan y más de 70% de los catalanes pide poder decidir el futuro de la región en un referendo que el gobierno central rechaza escudándose en la Constitución española de 1978.
T/VTV
