En mayo pasado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió «ocho demandas de protección de derechos e intereses colectivos interpuestas por ciudadanos habitantes de algunos municipios de los estados Miranda y Mérida». Sus alcaldes Gerardo Blyde (Baruta), Ramón Muchacho (Chacao), David Smolansky (El Hatillo), José Fernández (Los Salias), José Luis Rodríguez (Carrizal), y los merideños Carlos García (Libertador), Juan José Peña (Alberto Adriani) y Omar Lares (Campo Elías) fueron acusados de «presunta infracción por los derechos al libre tránsito y a la seguridad personal» de los ciudadanos, además «estarían incumpliendo en segunda persona con la protección de la familia de la niñez, ancianos y la adolescencia, salud, deportes, recreación, trabajo, a la libertad económica y a un ambiente sano».
Tal demanda se extendió a otros cinco alcaldes en distintos estados, entre ellos Gustavo Marcano (municipio Urbaneja, Anzoátegui) y Alfredo Ramos (municipio Iribarren, Lara).
El amparo constitucional cautelar dictado mediante la sentencia N° 368 del pasado 24 de mayo de 2017 les señalaba por incumplir con lo establecido en los numerales 2, 4, 5 y 7 del artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al «presuntamente permitir que personas de esas localidades coloquen obstáculos en la vía pública y quemen objetos, entre otros». Aun cuando medios privados informan que se les obligaba a prohibir el derecho a la protesta violenta en la sentencia se lee que las medidas de amparo cautelares solicitadas por los demandantes y ordenadas a los referidos alcaldes fueron:
- Realizar todas las acciones y usar los recursos materiales y humanos necesarios a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de personas y vehículos.
- Proceder a la eliminación de tales obstáculos y mantener las vías libres de barricadas, residuos, escombros o cualquier otro elemento que pueda usarse para obstaculizar la vialidad urbana.
- Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos para garantizar el adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de esos municipios.
- Proteger a los vecinos de sus municipios, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y evitar que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
- Proteger a los niños y adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos.
- Velar por la protección del ambiente, así como del aseo urbano y domiciliario.
- Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos policiales a fin de dar cumplimiento activo de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica de Policías y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En este sentido, se les ordena el despliegue de prevención del delito en el ámbito de su competencia.
- Por desacato a estas medidas, previstas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los alcaldes Smolansky, Muchacho, Marcano, Ramos y García fueron destituidos de sus cargos, también condenados a 15 meses de prisión y al mismo periodo de inhabilitación política. Sólo Ramos permanece detenido mientras los demás huyen de la justicia. Se mantienen las medidas acordadas en la decisión de mayo para otros ocho alcaldes demandados.
Incubadoras de violencia y odio
Los municipios regidos por los alcaldes destituidos han sido caldos de cultivo para crímenes de odio y el caos, estos han sido algunos hechos:
En mayo pasado más de 20 antichavistas atacaron con gasolina a Carlos Ramírez en el municipio Chacao ante la presencia de miembros de la Policía Municipal, la víctima indicó que sus atacantes «estaban participando en la marcha. Todos tenían palos, piedras, bombas y todo», y que le gritaban insultos por ser chavista. El mismo mes Orlando Figuera (21) fue quemado por manifestantes en el mismo municipio y falleció días después a causa de un paro cardiopulmonar en el Hospital Domingo Luciani, donde fue ingresado el día del ataque con quemaduras de 1º y 2º grado en 80% de su cuerpo y las agresiones realizadas por los violentos con armas blancas.
Este otro caso lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol:
El mototaxista Héctor Alejandro Anuel Blanco falleció en el municipio Urbaneja (Lecherías) producto de la explosión de un mortero que lanzó un grupo de la «resistencia» en la avenida Camejo Octavio por donde se desplazaba mientras trabajaba, luego su cuerpo fue agredido en un acto de terror que quedó registrado en video. Un adulto y un menor de edad fueron detenidos días después, tras una persecución de efectivos de seguridad del Estado les fueron incautados niples, pólvora, resorteras, entre otros elementos. El gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, responsabilizó al alcalde Marcano y al diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Anzoátegui, Armando Armas, por promover y defender a los grupos violentos. Los mismos que llegaron a agredir a funcionarios policiales con explosivos de alto impacto.
Bryan Principal (14) fue asesinado en abril pasado de un disparo en el abdomen en las afueras de la urbanización Alí Primera de Barquisimeto (municipio Iribarren), creada por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) durante el gobierno de Hugo Chávez. El lugar era asediado por vecinos antichavistas de clase media alta entre quienes disparaba Héctor Zapata Felice (29) y una bala alcanzó al adolescente. Zapata fue detenido y puesto a las órdenes de un tribunal.
En junio fueron quemados dos jóvenes en el sector La Botella de la misma ciudad, tomado por grupos de la «Resistencia». Henry Escalona (21) y Wladimir Peña (27), residentes del urbanismo Residencias Larenses construido por la GMVV, sufrieron graves quemaduras tras ser agredidos por ocho encapuchados que los interceptaron de madrugada cuando regresaban de una fiesta, les preguntaron si eran chavistas y, al recibir respuesta afirmativa, les rociaron gasolina. Las víctimas fueron internadas en el principal hospital de la ciudad.
Por las redes sociales circuló un video de una unidad compactadora de la alcaldía dirigida por Alfredo Ramos regando basura para interrumpir el libre tránsito. No se tienen registros de alguna manifestación de rechazo por parte del alcalde.
En el municipio Libertador (Mérida) se confirmó en mayo pasado la muerte del mototaxista y miembro del Colectivo de Organización y Movilización Política Patria Amada (Compa), Anderson Dugarte, quien había sido herido en el cráneo por francotiradores durante hechos violentos en el Viaducto Campo Elías. También resultaron heridos Freilán Jáuregui (21) y Hugo Guillén, efectivo de la Policía del estado. Por el hecho resultó detenido Luis Omar González Oviedo (alias Luis Jairo), en las inmediaciones de la Urbanización Brisas del Alba y se le incautó un revólver calibre 38mm.
La imposición anárquica de barricadas en 2014 no permitió evitar el deceso de una niña habitante del sector La Unión del municipio El Hatillo a causa de un paro respiratorio. Olga Maribel Velázquez Oropeza, de 2 años de edad, era trasladada por su madre, Olga Tibisay Oropeza de Velázquez (32), a un centro hospitalario y se toparon con un bloqueo impuesto en el sector El Cigarral de la Boyera.
En julio de este año falleció afectado por un infarto al corazón el profesor universitario Domingo Silva, vecino de La Boyera, quien era llevado al Centro Médico Docente de La Trinidad a 500 metros de su casa. Familiares tuvieron que alargar el recorrido para poder llegar al centro hospitalario debido a la negativa de un grupo que bloqueaba la entrada del mismo sector El Cigarral.
La Constituyente equilibrando al Estado
Los poderes públicos, en su búsqueda del Estado Social de Derecho y de Justicia, han tomado decisiones para poner orden ante el caos que estos alcaldes estimularon por acción y omisión. Por eso, a los alcaldes encargados y demandados, la Sala Constitucional del TSJ ha ordenado promover mecanismos de conciliación, y coadyuvar con aportes tendentes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad; así como la prevención y protección vecinal en el ámbito de la paz, la recuperación integral de las personas que puedan estar lesionadas, e informarle cada 30 días.
Por su parte el presidente Maduro entregó este jueves un proyecto ley, a debatir en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para que frene la campaña de odio y de violencia promovida por sectores extremistas del antichavismo, que ha generado hechos vandálicos en los últimos meses. Para evitar el incremento de los más de 100 fallecidos y más de mil heridos, pidió apoyo a artistas, deportistas, músicos, actores y periodistas, para que inicien una gran campaña contra el odio inoculado.
El recién designado Fiscal General, Tarek William Saab, ha informado que se investigará el empleo de niños y adolescentes en acciones violentas, el fomento de crímenes de odio, el registro de daños graves al ecosistema y el asesinato de personas en barricadas en los últimos cuatro meses. «Un Ministerio Público no puede ser instrumento para la guerra y la violencia, no puede ser tan irresponsable de utilizar la vocería de esta institución para dirimir rencores, odio, para drenar rabias y frustraciones que coloquen en peligro la paz pública y del Estado», dijo.
La ANC aprobó un primer Decreto Constituyente para garantizar su funcionamiento pleno en armonía con los Poderes Públicos constituidos y la Ley Constitucional para la Comisión para la Verdad y la Justicia «está atendiendo todos las conspiraciones que desde 1999 se vienen orquestando contra Venezuela», aseguró la presidenta de la ANC y de la mencionada Comisión, Delcy Rodríguez.
T/Misión Verdad
