El Ministerio Público solicitó medidas de protección para el ejercicio de la función de los periodistas, ante las agresiones cometidas contra estos durante las manifestaciones efectuadas en el país desde el pasado mes de abril.
En ese sentido, la Fiscalía 80º Nacional requirió que se oficie a los organismos de seguridad del Estado para que, en aras de la tutela de los derechos constitucionales al trabajo y a la obtención de información, se proteja de forma prioritaria el ejercicio legítimo de la función de los profesionales de la comunicación.
Esto comprende las actividades que se llevan a cabo para la búsqueda, preparación y redacción de noticias; así como la edición gráfica, ilustración fotográfica, realización de entrevistas, reportajes y otros. Además de su coordinación en los medios de comunicación social impresos, radiofónicos y audiovisuales, agencias informativas, secciones u oficinas de prensa e información de empresas, instituciones públicas o privadas.
En el escrito, que fue consignado ante el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se señala que dicha medida implica igualmente que los funcionarios, en ejercicio de sus facultades, tampoco podrían ejecutar actos que menoscaben la labor de los comunicadores sociales.
Asimismo, se pidió que se notifique a los entes involucrados en materia de seguridad y orden público para que promuevan la difusión de esas medidas, y que se les permita a los periodistas toda actividad encaminada a la búsqueda de la noticia sin ser agredidos.
De igual forma, los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad deberán proteger a los profesionales de la comunicación de los ataques de los cuales pudieran ser objeto por parte de particulares, así como evitar que algún efectivo actúe en detrimento de estos.
El objetivo de esta solicitud es que se implementen dispositivos de seguridad y prevención, a fin de atender cualquier situación que se pudiera presentar en el desempeño del trabajo periodístico. Adicionalmente, las medidas deben ser adoptadas de manera permanente.
En el documento también se precisa que el derecho a la verdad es inherente a la dignidad de la persona, y está vinculado con la garantía de los demás derechos humanos, por lo que debe ser protegido mediante la acción solidaria de los individuos, comunidades, poderes públicos y entes privados.
Igualmente, se resalta que toda persona, de forma individual o en asociación con otras, tiene el derecho a la verdad histórica de los acontecimientos políticos y sociales.
Vale señalar que la solicitud se efectuó de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley del Ejercicio del Periodismo.
T/ Ministerio Público
