El contralor general de la República, Manuel Galindo, interpuso una solicitud de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debido a la obstrucción de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) a la labor de instalación de auditoría interna por la interventora designada para el Poder Legislativo, Mayren Ríos Díaz.
Desde la sede del TSJ, el contralor explicó que se trata de “una acción de amparo constitucional contentiva de una medida cautelar por cuanto fue intervenida la dirección interna de la contraloría general de la Asamblea Nacional y se ha obstaculizado la toma de posesión de la auditora interventora”.
Asimismo, detalló que las unidades de auditoría interna a nivel nacional en los tres niveles de gobierno, dependen de manera directa del Sistema Nacional de Control Fiscal y no de las máximas autoridades de los órganos y entes para la cuales prestan sus servicios, por eso es que la Controlaría General interviene y tiene derecho exclusivo y excluyente de hacerlo en la sede administrativa y no en el Palacio Federal Legislativo, como han pretendido imponer algunos diputados de derecha.
Señaló que la Controlaría General tiene competencia de hacer intervención de todas las unidades de auditoría interna del país, en todos los órganos de la administración pública.
Galindo puntualizó que ante los intentos fallidos de notificación, se procederá a hacerlo mediante la prensa escrita como lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,advirtiendo las sanciones por desacato que van desde una multa hasta la inabilitación si fuera el caso.
Declaró que la CGR “ha agotado suficientemente los medios constitucionales y legales para cumplir un mandato de la Sala Constitucional en no menos de ocho sentencias. Nosotros no estamos aquí presentando un amparo constitucional a capricho, estamos actuando por cuanto ha sido este máximo tribunal que nos ha ordenado tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio Público actuar en el marco de la ley”.
Expresó que con el amparo introducido, el TSJ tiene un lapso de 48 horas continuas para tomar una decisión y obligar (a la AN) para que reciban a la auditora interventora de ser posible con la fuerza pública”.
Escuche las declaraciones de Manuel Galindo
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