La decisión judicial le permite al exmandatario Lula da Silva volver a ejercer el cargo de ministro.
El abogado del Estado, Eduardo Cardozo, explicó que Lula no dejó de ser ministro y solo fue impedido de ejercer sus funciones hasta que la decisión judicial se resolviera.
El pasado miércoles, la presidenta Rousseff designó a Lula como ministro de la Casa Civil. Un día después, fue juramentado en el cargo y dos jueces ordenaron suspender los efectos de su toma de posesión, atendiendo peticiones de partidos y sectores de derecha.
La primera medida cautelar dictada en un tribunal de Brasilia fue anulada este jueves, mientras que la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.
El vicepresidente de la corte, Reis Fride, expuso que la corte de Río de Janeiro no es competente para impugnar un acto decidido por la presidenta Rousseff, y que solo podría ser contrariado por el Tribunal Supremo Federal (TSF).
Desde la Abogacía General de la Unión, se solicitó este viernes al TSF que unifique las demandas que los opositores han presentado para cuestionar el nombramiento como ministro de Lula, pues alegan que se trata de una supuesta maniobra para que evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes.
Tanto Rousseff como Lula da Silva enfrentan actualmente una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores, que los acusan de ser responsables del fraude masivo en Petrobras.
Sobre Rousseff pesa la posibilidad del impeachment con el cual se le intenta destituir por la vía del Congreso, como ocurrió con el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, en 2012.
Por su parte, Lula fue objeto de una detención arbitraria el pasado 4 de marzo, cuando al menos 200 efectivos de la Policía Federal de Brasil allanaron su casa, la de uno de sus hijos y la sede del instituto que lleva su nombre.
Esta operación se desarrolló a pesar de que el Tribunal Supremo Federal de esta nación había emitido una sentencia en la que descartó la necesidad de llamar a Lula a declarar por el caso Petrobras, ante la presentación, por parte de su defensa, de un escrito con las alegaciones en torno a la investigación en la que había sido implicado.
Luego, el Ministerio Público de Brasil dictó una medida de privación de libertad contra el expresidente por supuestos manejos irregulares.
El líder obrero y una de las figuras políticas más importantes del Brasil encaró las denuncias y el mismo 4 de marzo retó a quienes siguen la causa judicial a conseguir un solo real (moneda local) que haya sido labrado de manera ilícita.
El pasado jueves, la presidenta Dilma Rousseff, al juramentar a Lula da Silva como ministro de la Casa Civil, alertó sobre la puesta en marcha de una operación política que intenta «convulsionar a la sociedad brasileña con métodos oscuros y criticables, viola los principios y garantías constitucionales, los derechos de los ciudadanos y abre precedentes gravísimos. Los golpes comienzan así».
T/AVN
