Una nota de prensa de la Comisión por la Justicia y la Verdad reseña que el coordinador de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de esa instancia, David Palis Fuentes, sostuvo una reunión con el director general de la Oficina Nacional de Registro Civil del CNE, Alejandro Herrera, en razón de articular los procedimientos administrativos necesarios.
Palis Fuentes explicó que una vez suscrita el acta de defunción por el CNE, el organismo «emitirá una circular interna para ordenar a los registros civiles el cumplimiento de lo indicado».
En el caso de que las víctimas no posean cédula de identidad, el CNE podrá expedir el acta de defunción correspondiente al reconocer la providencia administrativa donde se declara a una persona como muerta-desparecida por sus nombres y apellidos completos.
«El acta de defunción será remitida al Archivo General de la Nación para dejar constancia de que el Estado cometió crímenes políticos desde 1958 al 1998», añadió el abogado, citado en el texto.
Subrayó que desde el punto de vista legal ésta es una «reivindicación al honor a la reputación que permitirá a los familiares abrir un contexto de actuaciones propias de materia sucesoral».
Lídice Navas, integrante de la comisión, indicó que la emisión de las actas forma parte de las acciones para la reparación moral de los familiares de las víctimas del puntofijismo y, al mismo tiempo, se suma al registro para que se conozcan los delitos contra los derechos humanos cometidos por los gobiernos que tuvo Venezuela entre 1958 y 1998.
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