De acuerdo con un informe presentado por el Poder Electoral en junio pasado, fueron anuladas 605.727 firmas del 1% recolectado por la oposición, por presentar registros incompletos, fallecidos y datos de personas inhabiltadas políticamente; a esto se suma el centenar de denuncias presentadas por ciudadanos ante las autoridades por no haber dado su autorización para la activación de este instrumento constitucional.
“La mayoría de los venezolanos rechazamos este comportamiento delictivo, porque nos están violentando nuestros derechos constitucionales y legales”, manifestó Oneida Sequera, quien junto a un grupo de personas se movilizaron de manera voluntaria hasta la sede del Ministerio Público en Vargas, para denunciar la violación de un conjunto de delitos tipificados en el Código Procesal Penal.
Ramón Carrizalez, gobernador de Apure, en compañía de 56 de los 102 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cuyas firmas fueron suplantadas por la MUD, introdujo una denuncia ante lo que calificó una acción fraudulenta. “Ellos tienen que responder, porque es un fraude, están acusados de fraude.”
El representantes del PSUV en Nueva Esparta, Kendry Graterol, introdujo una denuncia en la sede del MP en el municipio Mariño, por la usurpación de más de 138 firmas. “Las personas a quienes le fueron usurpada su identidad están pidiéndole a las autoridades y al Estado la anulación del referendo revocatorio, porque es un gran fraude.”
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