La llamada apertura petrolera constituyó un verdadero asalto a la Nación; una privatización que violentó la Constitución y entregó la soberanía energética a intereses transnacionales. Fue con Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, que Venezuela logró rescatar el control de su principal recurso, revertiendo las concesiones que figuras como Giusti, Medina y Caldera, habían cedido a las corporaciones extranjeras. Todas las empresas se acogieron al proceso de nacionalización, salvo ConocoPhillips y ExxonMobil.
El término apertura petrolera se utilizó para designar el proceso de privatización de las actividades de exploración, explotación, distribución y comercialización de los hidrocarburos venezolanos, iniciado a principios de los años noventa, en el marco de la política del Gran Viraje impulsada por Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato.
El clímax de esta política se alcanzó en 1995, cuando el Congreso aprobó la exploración a riesgo de 18 mil kilómetros cuadrados, la mayor extensión de tierra venezolana licitada con fines de producción de crudos convencionales desde la Segunda Guerra Mundial.
Rasgos de los convenios de apertura:
- Creación de sociedades anónimas para la exploración a riesgo, con concesiones de hasta 39 años.
- Participación del Estado, a través de PDVSA y sus filiales, reducida entre el 1% y el 35%, mientras que entre el 65% y el 99% de las acciones quedaban en manos de consorcios privados.
- Pago de regalías e impuestos, pero sin contemplar tributos municipales exigidos por la Constitución. Además, PDVSA garantizaba protección a los inversionistas extranjeros frente a cambios fiscales que pudieran afectarlos.
- Resolución de controversias mediante arbitraje internacional en la Cámara de Comercio de París, en lugar de la legislación venezolana.
Muchas de estas cláusulas contravenían abiertamente la Constitución de la República y las leyes que reservaban al Estado, la propiedad y administración de los hidrocarburos.
Denuncias de ilegalidad
El entonces diputado Alí Rodríguez Araque, en la sesión conjunta del 4 de julio de 1995, denunció las violaciones más flagrantes:
- “Con la apertura petrolera, el capital transnacional explotó a Venezuela y a su principal recurso: el petróleo. La vieja PDVSA era esencialmente antinacional.”
- Entre 1992 y 1997, PDVSA firmó 32 convenios operativos que vulneraron la Constitución.
La apertura petrolera fue un proceso que subordinó los intereses nacionales a corporaciones extranjeras. Venezuela no le debe nada a esas empresas, y menos aún, al gobierno hostil y foráneo de Donald Trump, que intenta socavar nuestra soberanía.
Los contratos de la apertura petrolera, especialmente en Venezuela, cambiaron el modelo estatal de monopolio a asociaciones con empresas privadas bajo contratos de servicios o de producción compartida, permitiendo inversión extranjera en exploración y producción.
El Estado cedió mayoría accionaria y control, ofreciendo un marco legal que incluía regalías, impuestos y arbitraje internacional para atraer inversión, a cambio de aumentar la producción. Un inmenso sacrificio fiscal, un robo disfrazado de «incentivos» para explotar un recurso natural no renovable.
Se crearon contratos diferentes a los de concesión pura, como los «contratos de servicios» y las «asociaciones estratégicas», pero eran una vulgar e ilegal concesión que violaba la Constitución y las leyes de la época.
Empresas extranjeras participaban en exploración y producción, algo antes limitado solo a contratistas de obras y servicios. Se estaba cediendo soberanía e independencia en el manejo de los hidrocarburos.
El Estado, a través de PDVSA en Venezuela, mantenía una participación minoritaria (1 y 35%) en las empresas mixtas, sin control de las operaciones.
El caso ExxonMobil fue el más grotesco, al controlar toda la faja del Orinoco sin intervención de PDVSA.
Las empresas privadas recibían pagos por servicios o una parte de los beneficios, pero evadían pagar regalías, impuestos (como el PEG en Venezuela) y otros tributos al Estado.
Las controversias se resolvían mediante arbitraje (como el de la Cámara de Comercio de París), en lugar de tribunales nacionales, para mayor seguridad jurídica.
La apertura petrolera fue la entrega total del manejo de nuestro principal recurso a las empresas transnacionales. Esa época no puede volver a Venezuela.
T/RNV WEB/José Avila